El Consejo de Ministros aprobó en los últimos meses vía decretos, recurriendo al modo de legislar menos democrático, el ahondamiento de los demoledores recortes en los cuatro pilares del estado de bienestar.
El primero se justificaba en la necesidad de «garantizar la sostenibilidad del sistema de salud». Expresión inapropiada, porque sostener algo no es disminuir su entidad o, en este caso, la protección del sistema. Efectivamente, las medidas del Gobierno se destinan a reducir la cobertura universal del derecho a la atención sanitaria, pero el ahorro que se pueda conseguir de esta forma va a ser menor que el que se podría lograr si se aplicaran otras técnicas que la OMS y multitud de estudios científicos indican que son los más apropiados para racionalizar el gasto y economizar recursos.
El Gobierno ha establecido el re-copago generalizado al obligar que los pacientes tengan que pagar prótesis, por productos sanitarios o por transporte no urgente. Un mecanismo que no es el que permite reducir el gasto en mayor medida. Para este objetivo sería mucho más eficaz reducir el consumo inapropiado de medicamentos, el ingreso hospitalario por efectos adversos de su consumo, la frecuencia de uso de las urgencias mejorando el sistema de atención prehospitalaria o la mejora de la gestión hospitalaria para reducir la estancia, que son medidas que pueden generar un ahorro de tres a cinco veces mayor, según los casos, que el re-copago.
Lo único que se conseguirá es reducir el uso de los servicios sanitarios entre la población de menor poder adquisitivo e incluso producir un efecto búmeran de mayor gasto como consecuencia de que esta deficiente atención ocasionará a posteriori demandas más caras de servicios sanitarios.
Igualmente sucede con la decisión de retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares. No atenderlos mientras se hallan en España probablemente incrementará costes a medio y largo plazo porque esa falta de cuidados puede llevar consigo la transmisión de enfermedades y el colapso, aún mayor, de los servicios de urgencias. En todo caso, también supone un ahorro inmediato relativamente exiguo: unos cien millones inferior al que, según los expertos, se podría lograr reduciendo un 50 % el consumo de medicamentos inadecuados, que son uno de cada tres de los que toman las personas mayores de 65 años. Y éticamente implica dejar sin atención sanitaria a estas personas cuando se podría reducir el déficit, por justicia y por sentido común, mediante fórmulas como éstas: nuevo tipo del 35% en el impuesto de sociedades para beneficios a partir del millón de euros, prohibición de las operaciones a corto plazo contra la deuda pública, restricciones al sistema de módulos, un impuesto sobre transacciones financieras... Medidas que podrían suponer una recaudación anual de 64.000 millones.
Hay que reordenar y controlar el sistema financiero y obtener recursos de las grandes fortunas, de las grandes empresas del IBEX 35 que siguen aumentando y repartiendo beneficios, de la monarquía, de la Iglesia, del gasto militar, de los cargos públicos y de las subvenciones innecesarias. Tiene que desaparecer el Senado, debe haber mayor carga fiscal sobre las empresas que reparten excesivos beneficios o retribuyen exorbitantemente a sus directivos en vez de invertir y crear empleo, no más sobresueldos políticos, control en los rescates de bancos y cajas, hay que eliminar los ERE en empresas con beneficios y que Hacienda exija la deuda a los clubes de fútbol.
La acentuada reducción de personal, las repetidas bajadas retributivas en los últimos meses, la conversión en jornada ordinaria de las horas extraordinarias o el acometer una reforma del sistema sanitario sin tener en consideración las propuestas de los diferentes colectivos profesionales reducen notablemente la calidad de los servicios sanitarios como, por ejemplo reciente, la jubilación forzosa en la Comunidad de Madrid de 700 médicos, expertos profesionales que han participado durante años con su labor asistencial, capacidad docente e inquietud investigadora en el desarrollo de una de las mejores sanidades del mundo. El mismo Colegio de Médicos tildó de trato innecesariamente vejatorio la forma de comunicar esta decisión a los afectados y denunció una irresponsabilidad no haber programado estas salidas y de pérdidas irreparables para el sistema, ahorro fácil e ineficiente, mala gestión y premuras que deja servicios o unidades huérfanos, no exenta de consecuencias para los pacientes que no encontrarán a ningún otro facultativo con su experiencia, peso o preparación.
El auténtico objetivo del Gobierno, los responsables de Salud y los defensores de la sanidad privada han sido desvelados, en ocasiones expresamente: «La salud es un bien privado que depende de uno mismo y no del Estado», «¿tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema?... porque lo sanitario tiene un límite». En la línea del ministro de finanzas japonés, que pidió a los ancianos, «que se den prisa en morir para que el Estado no tenga que asumir la atención médica» En la gestión sanitaria de España hay un componente manifiestamente ideológico que defiende -erróneamente- que el sector privado es más eficiente y que, evidentemente, está promovido por las grandes empresas privadas y por la industria farmacéutica con el espurio propósito de hacer más negocio con la salud de los ciudadanos.
El sistema de salud español es de los más económicos, eficientes y mejor valorados del mundo si se tiene en cuenta que proporciona uno de los catálogos de servicios más amplio con protección universal, que está a la vanguardia en resultados como la esperanza de vida o los trasplantes, lo que se consigue con un gasto por habitante o en relación con el PIB más bajos que los países más ricos de su entorno.
La esperanza de vida en los países desarrollados se ha incrementado drásticamente en el último siglo. En cambio, la calidad de vida no ha seguido esa misma tendencia. Debido a este desfase surge el paradigma de la salud del siglo XXI, que aboga por un nuevo enfoque del cuidado sanitario a través de la medicina preventiva proactiva: no se trata sólo de estar vivo, sino de vivir más y mejor.
Esto significa pasar de una medicina paliativa, que ha permitido gracias a los avances en los conocimientos médicos y tecnológicos alargar nuestra esperanza de vida, a una medicina preventiva que nos permita, además, aumentar y mantener nuestra calidad de vida durante mucho más tiempo.
Por derecho constitucional, justicia, eficiencia y ética hemos de exigir a nuestros gobernantes una sanidad universal, pública, igual para todos los ciudadanos, gratuita, de calidad, preventiva y proactiva, con asistencia y prestaciones complementarias libres, acorde a un país desarrollado como España. ¿Qué presente y futuro le depara a un país con un derecho a la salud restringido y subdesarrollado? ¿Hay algo más importante que garantizar?
