La realidad es tozuda y las dificultades económicas y técnicas han dejado en el limbo dos de los proyectos prioritarios para el gobierno socialista: el urbanístico de Gaxín y el industrial de Retumés. Así consta en el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en 2006, cuando aún no se atisbaban las nubes negras de la crisis.

El primero en "caer" fue el desarrollo de Retumés, única zona de expansión industrial que es posible en Avilés y que estaba llamado no sólo a dotar de parcelas el concejo para la instalación de nuevas empresas sino también a albergar el Centro de Transportes. La alcaldesa, Pilar Varela, anunció el pasado junio que el área, que tiene que urbanizar Sogepsa, dejaba de ser una prioridad para el gobierno local. "No hay la urgencia de desarrollo de suelo industrial que había hace unos años. El polígono de Retumés cuenta con un convenio firmado con el Gobierno de Asturias y el Ayuntamiento pero las dificultades de la promoción del suelo ahí están", afirmó entonces Varela.

Ahora ha sido Gaxín, "la joya de la corona", según el PP, el que ha caído. El proyecto incluye la construcción 3.300 viviendas, un 60 por ciento con algún tipo de protección, en un millón de metros cuadrados. Y en este caso han sido los propietarios de los terrenos los que han puestos los pies en el suelo al gobierno local. Los promotores aseguran que la urbanización tal y como está planteada y con la crisis que afronta el sector de la construcción es "inviable". El concejal de Urbanismo, Teófilo Rodríguez, mantuvo conversaciones con los dueños mayoritarios del suelo y le aseguraron no hay "mercado, financiación: "En la situación que estamos nadie puede acometer ese plan", reconoció Rodríguez. No descarta, incluso, retirar la etiqueta de prioritario para que su ejecución no sea urgente.

El Ayuntamiento de Avilés habían intentado apremiar a los propietarios urgiendo la constitución de la Junta de Compensación, paso previo a la presentación del proyecto de urbanización y construcción. Pero estos hicieron caso omiso y el futuro del desarrollo pasa por el archivo del expediente, a la espera de mejores tiempos. "O modifican el plan o ahí no se podrá hacer nada. Y estos pasan por incrementar los aprovechamientos urbanísticos y quitar gastos de urbanización", sentenció hace unos días uno de los promotores afectados. El PP, en ese mismo sentido, propone que ese proyecto se pueda desarrollar en unidades "más pequeñas y asumibles".

Ahora que los promotores han descartado, por el momento, ejecutar uno de los grandes proyectos para Avilés, el Ayuntamiento puede buscar otras salidas. Entre ellas, sacar a concurso el plan o que sea un agente urbanizador, como Sogepsa, el que acometa los trabajos de urbanización. Pero ambas opciones son casi inviables. "Si se saca a concurso lo más probable es que quede desierto porque nadie está dispuesto a asumir ese alto riesgo. Y Sogepsa, en la situación económica que está, es imposible que pueda asumirlo", sentenció Constantino Álvarez, portavoz del Partido Popular.

Así las cosas, el gobierno local se ha quedado sin dos de sus proyectos más emblemáticos y sobre los que había puesto, en su día, muchas de sus esperanzas de desarrollo urbanístico de Avilés. En el de Retumés, con gestión pública, el acuerdo entre las administraciones era total. El acuerdo firmado en 2008 para desarrollar 500.000 metros cuadrados así lo decía. Pero las dificultades técnicas chocaron de frente con los intereses políticos. El principal escollo para la urbanización es la orografía. Los importantes desniveles del terreno hacen muy costosa la obra, eso sin contar con los problemas para ubicar los accesos y que estuvieron mareando a los técnicos durante años. Los problemas económicos de Sogepsa solo dieron la puntilla al proyecto.

Pero dar marcha atrás no es una opción viable. Y es que los propietarios de los suelos del área de Retumés, calificada en el PGOU como "urbanizable prioritario", podrían exigir indemnizaciones por el cambio de tipología de los suelos. Revertir los terrenos de nuevo a rústicos (ahora son industriales) supondría una pérdida del valor hipotético de los suelos de unos 10 euros por metro cuadrado. Si todos los propietarios reclamaran esa cantidad al sentirse perjudicados por el cambio, supondría el desembolso para las arcas públicas de cinco millones de euros.