Los pescaderos asturianos aprovecharon la visita que hizo en septiembre el Ministro de Agricultura y Alimentación a Avilés para exponerle su malestar por la práctica dela venta directa en la rula de Candás, denunciar el apoyo que el Principado da a esa actividad comercial y cuestionar el deseo de otras cofradías de imitar a la candasina (la última, esta misma semana, la de San Juan de la Arena). Cañete tomó nota y días más tarde expuso u punto de vista sobre el asunto en una carta que envió a la asociación asturiana de minoristas de pescado y que según explicaronayer a LA NUEVA ESPAÑA fuentes de esa entidad "avala nuestra creencia de que la venta directa de pescado, hoy por hoy, es ilegal en España; por tanto, el Principado está alentando y permitiendo la comisión de un delito y perjudicando gravemente a una serie de empresarios (los pescaderos) que pagan sus impuestos, están sujeros a inspecciones periódicas de todo tipo y generan empleo".
El consentimiento de la dirección general de Pesca del Principado a la venta directa de pescado en ciertas rulas asturianas (tal posibilidad está descartada para las de mayor tamaño) tiene como supuesta base legal, según explicó en su día el director general de Pesca Alberto Vizcaíno, la existencia de un real decreto regulador de la comercialización pesquera y que traspone legislación comunitaria sobre la materia. Esa norma especifica que los particulares podrán comprar pescado en las rulas con determinadas condiciones: que la cantidad no sean más de dos kilos por persona y día, que el valor máximo de la compra sea de 30 euros, que el pescado provenga de actividades de índole turístico-pesquero, entre otras.
Según los responsables de la asociación regional de minoristas de pescado, el real decreto en cuestión "sólo es un borrador, ni siquiera está promulgado"; y añaden además que "en los términos que está redactado, obligaría a cerrar hoy mismo la pescadería de la rula de Candás porque no cumple ni uno sólo de los requisitos exigibles".
