La valoración de la situación de la democracia en España es cada vez más baja. Las interferencias internacionales en la política nacional son la principal deficiencia de la democracia española. Otros aspectos en los que hay que mejorar son la dependencia económica del poder político, la corrupción, la inaccesibilidad de los representantes públicos, la rendición de cuentas y la transparencia de los Gobiernos y la proporcionalidad de los Parlamentos.
A los españoles les preocupan fundamentalmente cuatro problemas por encima de los demás: el paro, el fraude y la corrupción, la situación económica y la clase política. Así se desprende del último Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Por otro lado, un 90 % de los encuestados opina que la situación económica general de España es muy mala o mala. Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción que se despliegan por todo el territorio. Ninguno de los políticos valorados llega al aprobado ni raspado. El presidente del Gobierno es de los peores valorados, con un 2,81 y el líder del principal partido de la oposición, apenas le supera con un 3,4. En una recientísima encuesta realizada por una empresa de trabajo temporal y publicada por este diario, sólo un 4,4 % de los mil niños encuestados eligieron como profesión para cuando fueran mayores la de político.
El sistema electoral es el procedimiento a través del cual los votos se convierten en representantes en las cámaras. En muy pocos países del mundo el sistema electoral que se utiliza es proporcional, que implica hacer depender el porcentaje de representación parlamentaria del de votos recibidos. Es decir, una persona igual a un voto. Esta es, no obstante, la idea incauta que suelen tener los ciudadanos de la democracia moderna: los votos tienen todos el mismo valor. Sin embargo, la realidad es bien distinta.
En España, se utiliza una división por circunscripciones y un método matemático, la Ley D'Hont (siglo XIX), para repartir los representantes dentro de cada circunscripción. Una circunscripción es una división electoral en el interior del país. En España, cada provincia es una circunscripción, y también lo son las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. A cada circunscripción le corresponde un número determinado de representantes por ley, y otros tantos en función de la población. Cuando existen circunscripciones, los ciudadanos votan a sus representantes en cada circunscripción y no, como se suele pensar erróneamente, a los candidatos para presidente de gobierno del país. En Asturias no votamos por Rajoy o Rubalcaba, sino por las listas que cada partido político presenta en la provincia.
Las listas al Congreso son cerradas; es decir, uno vota al partido político y no a las personas en sí mismas que lo forman. El orden en las listas lo determinan los partidos políticos y los ciudadanos no pueden alterarlo. No es un sistema proporcional, de modo que tener el 10 % de los votos no garantiza obtener el 10 % de los representantes, por ejemplo. El resultado final dependerá del número de votos totales, del umbral establecido y de los votos otorgados a otras formaciones políticas.
En Suiza, el poder judicial es independiente del ejecutivo y del legislativo. Para llevar a cabo cualquier cambio en la Constitución es obligatorio aprobarlo mediante un referéndum; para realizar cualquier cambio en una ley se puede solicitar la celebración de un referéndum. Y así, a través de referendos, los ciudadanos pueden impugnar cualquier ley votada por el Parlamento Federal y, por medio de iniciativas, introducir enmiendas a la constitución federal, lo que hace de Suiza el estado del mundo más próximo a una democracia directa.
Gracias al sistema de democracia semidirecta, todo ciudadano suizo mayor de edad y capaz de discernir puede intervenir directamente en la toma de decisiones. Suiza es un país en el que se vota a menudo (una media de 4 a 5 veces al año); durante esas votaciones se proponen al electorado varios temas sobre los cuales éste debería pronunciarse.
Aparte de elegir sus representantes, el ciudadano suizo dispone de varios medios para opinar: son frecuentes los referendos sobre leyes nuevas o cambiadas, los presupuestos, etcétera. Algunas de estas consultas son obligatorias (asuntos importantes) y otras, facultativos (sólo si 50.000 ciudadanos lo demandan). En Suiza, España y el resto de Europa la mayoría de la clase política esté para servir a los grandes intereses económicos, pero al menos en Suiza tienen un mecanismo de participación que corrige los excesos de esta mayoría corrupta.
En España y pese a la evidencia empírica que corrobora que este sistema tiene un carácter insuficientemente democrático, ninguno de los grandes partidos está dispuesto a cambiar la ley. Habría que luchar por la implementación de un sistema que permitiera convocar consultas populares vinculantes sobre, por ejemplo, las grandes decisiones económicas u otras que nos afecten directa y trascendentalmente. La refundación democrática es imprescindible en España, tanto por la ausencia de verdadera democracia como por el exceso de corrupción. Por ello, amparados por la Constitución, en sus artículos1.2. -"la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado"- y 23.1 -"los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes (...)-, deberían de ser los ciudadanos de forma jurídica, legal y democrática quienes consiguieran en los tribunales lo que este Gobierno no les quiere procurar y que por derecho les corresponde: el derecho a decidir y a ejercer la soberanía popular.
Creo que, de ahora en adelante, uno de los objetivos de la ciudadanía, tendría que ser el de conseguir el derecho a convocar desde el pueblo referendos vinculantes al estilo Suizo para corregir los desmanes de tanto político corrupto.
