La tramitación del plan especial de mejora del casco histórico de Avilés vulneró la ley y por tanto es nulo. Así lo dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) conocida ayer que anula y deja sin efecto los acuerdos plenarios de 20 de abril de 2012 y de 24 de agosto de ese mismo año, obligando a retrotraer el expediente al momento anterior. El argumento para esta sentencia es que la tramitación no cumplió la legislación vigente al no ser enviado a Patrimonio el texto del plan completamente redactado -incluidas las aportaciones de la Cuota- y que tampoco había razón para dar por aprobado, por silencio administrativo, el correspondiente informe de la Consejería de Cultura.
El plan especial de mejora del casco histórico, cuya elaboración comenzó en mayo de 2001 con la contratación del arquitecto Carlos Ferrán, sufre así un nuevo revés, que se suma al rosario de alegaciones por parte de los afectados y que promete más capítulos en los tribunales, toda vez que fueron seis las demandas admitidas a trámite. La aprobación del documento, hace año y medio, se produjo con los votos a favor del PSOE e IU -que pidió garantizar que se incorporarían a posteriori las conclusiones del informe de Patrimonio-, la abstención de Foro y el voto negativo del PP. Estos dos partidos pidieron entonces sin éxito que se dejara sobre la mesa el documento hasta que se incluyeran las aportaciones de Patrimonio, algo en lo que ahora el TSJA les da la razón.
Los trabajos dirigidos por Carlos Ferrán durante más de una década tuvieron dos frutos: el plan especial de protección y conservación del casco histórico -que se aprobó en 2004- y el plan de mejora que ahora queda en el aire. El objetivo de este último documento era fijar los criterios para hacer "microcirugía urbana" en ocho puntos del corazón de la ciudad, dependientes en su mayor parte de la iniciativa privada. Una de las principales críticas a ese proyecto fue la falta de consenso con los propietarios y promotores, que se demostró precisamente en el volumen de alegaciones y recursos judiciales.
El núcleo más importante de los 15.000 metros cuadrados afectados por el plan es el del entorno de la calle de Las Alas y la iglesia de los Padres Franciscanos, donde, entre otros proyectos, estaba previsto construir un hotel, en la plaza de Carlos Lobo, y un aparcamiento subterráneo. Pero también había intervenciones propuestas para otros puntos, como en la calle Rivero, en el eje Las Artes-Palacio Valdés-La Libertad y en la esquina de Cervantes con Rivero. Recuperar algún paño de la muralla es otra de las premisas, así como abrir una conexión directa entre la calle Rivero y el Jardín Francés del parque de Ferrera.
Todas estas propuestas quedan ahora en el limbo. De hecho, con la judicialización del plan, las licencias ya estaban cautelarmente en suspenso, aunque como no se presentó ningún proyecto no fue necesario recurrir a su parálisis. El Ayuntamiento puede interponer ante la sala de lo contencioso administrativo del TSJA un recurso de casación en el plazo de diez días, que resolvería el Tribunal Supremo. Pero si la sentencia es firme, el gobierno podría verse obligado a realizar una revisión profunda del plan para que se ajuste a las consideraciones de Patrimonio.
En los fundamentos de derecho que recoge la sentencia del TSJA hay una ley clave: el artículo 55.2 de la Ley 1/2001, que es el que los magistrados ven vulnerado. En primer lugar, la remisión del documento tras su aprobación inicial a la Consejería de Cultura no es la exigida, ya que la ley habla de que la solicitud del informe tiene que producirse "una vez que los documentos hayan adoptado su redacción final y antes de ser sometidos a aprobación definitiva".
Tampoco el envío tras la aprobación provisional es válido, ya que se remitió a Cultura al mismo tiempo que a la Cuota, por lo que no era aún la redacción final del texto. "Por este mero hecho no podía contemplar el plan especial con las posibles modificaciones que impulsara la Cuota, cuyo pronunciamiento se produjo el 13 de septiembre de 2011, y en dicho pronunciamiento, aunque favorable, se contiene la necesidad de realizar modificaciones tales como que no aparece en las fichas la cesión de 10 por ciento de aprovechamiento; la necesidad de corregir diversos planos, la necesidad de que las modificaciones de zonas verdes tengan un procedimiento especial y sometimiento a informe del Consejo Consultivo y aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno". A todo eso se suma que, según los magistrados, "no puede considerarse que la solicitud a Cultura fuera favorable por el transcurso de 6 meses -por silencio administrativo- ya que la fecha de la primera remisión no sirve como referencia y la segunda tampoco, por lo antes expuesto".
El recurso fue interpuesto por uno de los afectados por el plan, Maximino Díaz Suárez, quien cuatro días antes de la aprobación del documento en el Pleno metió por registro un escrito advirtiendo de los errores en la tramitación, que ahora derivaron en esta sentencia contraria al Ayuntamiento. Dicho escrito forma parte del expediente administrativo municipal.
Más de una década de trámites
Encargo
En mayo de 2001 el Ayuntamiento encargó al arquitecto madrileño Carlos Ferrán la redacción de un plan especial para el casco histórico, que acabaría desgajándose en dos documentos diferentes. Uno de ellos, el de protección y conservación, se aprobó en 2004. El segundo, el de mejora, no estuvo listo para su aprobación definitiva hasta agosto de 2012.
Objetivo
Este plan especial de mejora del casco histórico determina los criterios para acometer cirugía urbana en ocho puntos del corazón de la ciudad, que suman un total de 15.000 metros cuadrados. Las intervenciones dependen en su mayoría de la iniciativa privada y se concentran en la calle de Las Alas, la plaza de Carlos Lobo, Rivero, el eje Las Artes- Palacio Valdés- La Libertad y la esquina de Cervantes con Rivero.
Alegaciones
El plan ya nació con resistencia por parte de propietarios y promotores, que presentaron un buen número de alegaciones al documento, rechazadas en su día por el Ayuntamiento. Después el TSJA admitió a trámite seis demandas contra una aprobación que también nació con polémica. Y es que el Pleno decidió aprobar, por silencio administrativo, el informe de Patrimonio, que llegó al Ayuntamiento unos días después de la realización de ese trámite.
Sentencia
La sentencia dictada ayer por el TSJA considera que la tramitación del plan especial de mejora no se ajustó a la legalidad vigente ya que no se envió a Patrimonio el texto completo antes de su aprobación. Y es que, aunque por dos veces el Ayuntamiento envió un documento a la consejería de Cultura, en ninguna de las dos ocasiones el texto estaba terminado con las modificaciones aportadas por la Cuota.
