La Policía Nacional investigará por mandato judicial todas las concesiones en Asturias a la empresa Aquagest. La magistrada titular del Juzgado de primera instancia e instrucción 3 de Avilés emitió ayer una providencia por la que pide a la Brigada de Delitos Económicos y Tecnológicos que elabore un informe detallado sobre todos los concejos asturianos en los que la empresa vinculada al grupo Aguas de Barcelona (Agbar) tenga concedida la gestión de aguas municipales, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. La decisión judicial se enmarca en el procedimiento por la "trama del agua" que investiga el juzgado avilesino desde finales de 2012. El germen de esta investigación fueron las presuntas irregularidades en la concesión de la cafetería de las piscinas de Corvera. La investigación está relacionada, asimismo, con el "caso Pokémon" que analiza la presunta corrupción ligada a adjudicaciones del servicio de aguas.
Hasta 22 concejos asturianos cuentan con los servicios privados de la compañía catalana, bien de forma directa, bien a través de una sociedad instrumental creada ex profeso para ello, como es el caso de Aguas de Avilés, empresa que funciona desde 2009. La lista de municipios con relaciones comerciales con la empresa son, según las fuentes consultadas, Avilés, Cabrales, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Castropol, Coaña, Colunga, Cudillero, El Franco, Grado, Llanes, Gozón, Muros del Nalón, Navia, Ribadedeva, Ribadesella, Salas, Tapia de Casariego, Tineo y Vegadeo. A esta lista se suma la gestión de las piscinas de Corvera y de Pravia.
La "trama del agua" estalló en la comarca avilesina en el otoño de 2012, cuando un ciudadano denunció que el exconcejal de la Agrupación Social Independiente de Avilés (ASIA) Miguel Ángel Villalba, había usado de forma fraudulenta los datos legales de su padre, un pintor que lleva años viviendo en el golfo Pérsico. La Brigada de Delitos Económicos y Tecnológicos inició la investigación siguiendo el rastro de facturas que supuestamente emitió el pintor y cuya autoría negó su hijo. Aquellas facturas sumaban 125.430 euros y el destinatario era la empresa Aquagest PTFA. Correspondían a varios conceptos relacionados con obras en la cafetería de la piscina de Corvera, pero la Agencia Tributaria aseguró que "no obedecen a prestación de servicios reales". En el caso están imputados, por el momento, Miguel Ángel Villalba y su hermana Elena Villalba, exconcejala de ASIA. También la madre de ambos, M. E. M. G.; la expareja de Elena Villalba, A. V. A.; el exalcalde de Corvera, Luis Belarmino Moro; su concejala de Hacienda, Ana Belén Toro; el exconcejal de Urbanismo de Corvera y portavoz del PP en el concejo, Luis Solares, y tres directivos de la compañía Aquagest. La Policía sospecha que los hermanos Villalba se aprovecharon de un entramado de facturas falsas, duplicadas o engordadas para obtener dinero destinado presuntamente a financiar la campaña electoral de su partido o "comprar voluntades políticas". Las facturas de la denominada "Operación Oriente" (así ha bautizado la Policía a la trama del agua) se refieren a trabajos realizados en los municipios de Corvera, Gozón, Avilés y Cangas de Onís.
La empresa Aquagest está investigada además por la juez asturiana que instruye en un juzgado lucense el "caso Pokémon", supuesta trama de corrupción política y empresarial con epicentro en Galicia y ramificaciones en Asturias. Como informó este periódico por fuentes próximas a la investigación, Aquagest envió a uno de sus contactos en Asturias hasta Qatar para intentar que no saliese a la luz la supuesta trama de facturas falsas (engordadas o dobladas) que dio lugar a la "Operación Oriente" (el nombre le viene precisamente de ese viaje a ese país del Oeste asiático), que investiga presuntas actividades ilícitas ligadas a obras públicas en Gozón y a los trabajos de mejora y explotación de la cafetería de la piscina de Las Vegas (Corvera).
El enviado de Aquagest, según se desprende de las investigaciones judiciales de "Pokémon", se habría desplazado a Doha para convencer a la persona que destapó el caso (el pintor avilesino referido anteriormente) de que no airease que la firma había falsificado facturas con su nombre por obras que nunca hizo y que ascienden a 475.859 euros. La preocupación de Aquagest por la denuncia del pintor se hace patente en una de las llamadas de recibe Joaquín Fernández -el exvicesecretario de Comunicación del PP regional imputado en la "operación Pokémon" y que presuntamente hacía de "abrelatas político" para la firma en el Principado- durante el periodo en el que su teléfono estaba "pinchado" por orden judicial. "Es un tema que se descontroló, se hicieron las cosas mal y hubo una persona que lo denunció", dice Joaquín Fernández en una escucha de "Pokémon".
