El alcalde de Soto del Barco, Jaime Menéndez Corrales, defendió ayer su inocencia ante el juez, tras habérsele imputado un presunto delito de prevaricación al contratar a dos peones y otro más de contratación ilegal en el nombramiento de cinco agentes de la Policía Local. Se da la circunstancia de que el portavoz del PSOE y denunciante, Pedro Álvarez Mariño, y el regidor formaron ambos parte de las filas socialistas hasta el pasado 2011, cuando Menéndez Corrales decidió fundar la Candidatura independiente de Soto del Barco (CISB): "Estamos convencidos de que se trata de una cuestión política, vamos a escuchar las declaraciones del resto de imputados y vamos a pedir el archivo de las diligencias", afirmó el Alcalde. Mañana declarará un agente de la Policía Local y el resto de imputados, lo harán el día 29.

Menéndez Corrales entró en el juzgado a las once de la mañana, una hora después de lo previsto, y, según su testimonio, respondió a todo lo que se le preguntó: "Hablé de los tres asuntos que figuraban en las diligencias: el pago de 300 euros a dos trabajadores por desempeñar funciones por encima de su categoría, sobre la contratación de auxiliares de Policía en 2011 y sobre el reparto del complemento de productividad", explicó Jaime Menéndez Corrales, que recordó, sin nombrar a Pedro Álvarez Mariño, que con este tipo de litigios de por medio "parece que algunos se les olvida que fueron concejales desde el 1995 a 2011 con todas las responsabilidades y parece además que fue en el 2011 cuando empezaron en la vida pública". "Allá él con su conciencia, a mi lo que me interesa es que este asuntos quede zanjado y pasar a capítulo", añadió el regidor sotobarquense, que reconoció sentirse "dolido" por esta serie de acontecimientos, que marcan un distanciamiento aún mayor entre los socialistas y los independientes del CISB liderados por Corrales.

El juez de instrucción de Pravia analiza la denuncia presentada por el portavoz socialista, que se centra en un supuesto delito del Alcalde por la contratación de cinco auxiliares de la Policía Local en 2011 "sin existir ningún proceso de selección y en contra de un informe de reparo de la secretaria interventora que decía que dichas contrataciones eran ilegales", según manifestaron los socialistas, que interpusieron la demanda hace un año. Por otro lado, la Fiscalía vio que existían indicios de un delito de prevaricación en el nombramiento de dos peones de la limpieza en los años 2005 y 2007. En esa época, denunciante y denunciado formaban parte del PSOE.