La fiscalía de Avilés asumió como propia el pasado 26 de junio la denuncia que formuló en marzo el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Gozón, Jorge Suárez, y que se refiere a la gestión presuntamente fraudulenta de la plazas de aparcamiento de propiedad pública que se encuentran en el garaje del edificio "Nautilus", en el centro de la villa de Luanco. La denuncia apunta a distintas autoridades municipales al cargo de la administración local desde 2002.
La sección territorial de Avilés de la Fiscalía de Asturias recibió una notificación de sus superiores regionales en la que se indicaba que se habían observado "indicios de un delito de prevaración y de otro de malversación de caudales públicos" en el modo en que varios responsables municipales de Gozón atendieron a la gestión de las propiedades municipales otorgadas por medio del convenio del edificio "Nautilus". Y es que en la denuncia que presentó el portavoz de los socialistas de Gozón se acusaba a los responsables municipales de haberse desprendido "clandestinamente" de la mitad de las plazas de aparcamiento del "Nautilus".
En mayo de 2002 el Consistorio firmó un convenio con la constructora del edificio "Nautilus" reservándose en él "el 50 por ciento" de las "aproxidamente 315 plazas" de un aparcamiento subterráneo que se iba a construir en las inmediaciones del parque Zapardel. Según Suárez, se produjo una "concesión clandestina, otorgada por la vía de los hechos por autoridades municipales, sin sujeción a procedimiento alguno, sin concurrencia entre posibles licitadores y, lo que resulta de mayor gravedad, sin que el concesionario clandestino abone al Ayuntamiento el preceptivo canon".
El convenio del edificio "Nautilus" tiene ya doce años. Fue el alcalde Emilio Santos (PSOE) el que lo firmó con la empresa Promociones Kadelat, la que iba a construir el edificio de la avenida del Gayo, a un paso del polideportivo. Como compensación por la construcción, el Ayuntamiento recibiría la mitad de las 315 plazas de aparcamiento. La otra mitad serían explotadas directamente por la constructora. Lo que sucede es que estas plazas de aparcamiento nunca fueron disfrutadas por el Ayuntamiento de Gozón plenamente y en cambio sí por una entidad de ahorro (que se hizo con ellas para hacerse cargo de una deuda del constructor) y por la propia constructora, que las puso a la venta (las suyas y parte de las del Ayuntamiento, según el PSOE).
Suárez sustenta su denuncia en informes dictados por los servicios de intervención, de secretaría y por la oficina técnica. De la lectura de estos informes, Suárez deduce que "el Ayuntamiento no llegó nunca a tramitar ningún expediente de concesión y mucho menos de autorización de la cesión de la misma". El interventor municipal informó el pasado 10 de febrero, asegura el portavoz de los socialistas, de que "no existe anotación contable de la concesión ni de las plazas de aparcamiento municipales, no consta proyecto de explotación ni estudio económico-financiero, nunca se aportó garantía del concesionario ni el Ayuntamiento percibe ningún tipo de canon por la concesión". El concejal Jorge Suárez fue más allá: "El Ayuntamiento ni siquiera cobró el IBI".
El portavoz socialista sostiene en la denuncia que ahora investiga el fiscal de Avilés que "la situación que se denuncia ha ocasionado un gravísimo quebranto económico a las arcas municipales al haber dejado de ingresar el preceptivo canon de la concesión, y ello durante casi trece años". ¿Qué dice el gobierno al respecto? El portavoz del PSOE en Gozón, Jorge Suárez, preguntó en el Pleno del 20 de marzo qué se estaba haciendo al respecto de las plazas públicas del aparcamiento. Ramón Artime aseguró que el promotor de la obra había desaparecido. "Tendrá que venir la Interpol, ¿qué quieres que te diga?", concluyó el alcalde. Artime, tras hacerse pública la denuncia de Suárez, declaró a LA NUEVA ESPAÑA: "Según el convenio, dentro de cincuenta años, las plazas volverán a ser municipales".
