La Fundación del Niemeyer pidió ayer al juez que investiga la anterior etapa gestora del centro cultural avilesino el sobreseimiento del caso de las facturas que abonó el Ayuntamiento de Avilés para la inauguración de la cúpula del complejo en 2010. La entidad, en cambio, pretende que el contenido de esta investigación pase a la causa principal -el procedimiento abierto a instancias de la consejera de Cultura, Ana González- con el argumento de que el fondo del asunto es el mismo que se aborda en el "caso Niemeyer": la supuesta alteración de facturas para enmascarar la contabilidad real de la entidad, falseando sus cuentas. Así, los actuales gestores piden el sobreseimiento libre para la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, y los otros tres cargos municipales imputados, y el sobreseimiento provisional para los otros cuatro investigados: el exdirector del centro, Natalio Grueso, y parte de su equipo (Joan Picanyol y Marc Martí) así como para el anterior secretario de la entidad, José Luis Rebollo.

La postura de la Fundación del Niemeyer es la única que no había trascendido una vez que el juez instructor convocó a las partes a la comparecencia para concretar la imputación de los investigados, que se celebró ayer en una sala de vistas de los juzgados de Marcos del Torniello. La Fiscalía no formuló acusación contra ninguno de los ocho imputados y los abogados defensores pidieron el archivo de la causa respecto a sus defendidos al considerar que ninguno de ellos cometió delito alguno. Sólo el representante de Foro Asturias, que ejerce la acusación popular, pidió que el caso de las facturas de la cúpula continúe adelante por el procedimiento del jurado por delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental contra los ocho imputados. Ya fuera de la sala varios abogados defensores coincidieron en señalar que el representante de los foristas no concretó cuáles son los hechos y delitos que atribuye a cada uno de los investigados, "motivo más que suficiente para el archivo y sobreseimiento de la causa".

A la comparecencia de ayer acudieron por requerimiento judicial los ocho imputados: Natalio Grueso, José Luis Rebollo, el anterior subdirector del Niemeyer y el exjefe de producción, Joan Picanyol y Marc Martí, respectivamente; la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela; el exdirector general del Ayuntamiento, José Manuel del Arco, así como la anterior secretaria de Alcaldía y el exresponsable de Comunicación del Consistorio. Durante casi dos horas permanecieron en la sala, mientras las partes exponían sus respectivos argumentos.

Fuentes próximas al caso señalaron que el abogado de José Manuel del Arco aportó ayer al juez nuevas pruebas: una serie de correos electrónicos que se refieren a los exgestores del Niemeyer.

Una vez celebrada la comparecencia, las partes esperan al pronunciamiento del juez, que decidirá si sigue adelante con el procedimiento por las facturas de la cúpula o lo archiva. Los abogados defensores confían en esta segunda opción, dado que sólo Foro ha pedido continuar con el caso y sin concretar los hechos que atribuye a cada uno de los ocho imputados.

En caso de que el juez instructor considere suficiente la petición de Foro, emitirá un auto confirmando la incoación del procedimiento del jurado y dará un plazo a las partes para que propongan más pruebas, según las fuentes consultadas.

El origen de este pieza separada del "caso Niemeyer" se remonta al 14 de marzo de 2013. Pilar Varela puso ese día en conocimiento de la Fiscalía posibles manipulaciones en 51 facturas relacionadas con actividades del centro cultural de la ría que pagó el Ayuntamiento a una serie de proveedores del Niemeyer. El gobierno socialista decidió revisar los pagos que el Ayuntamiento realizó a las actividades del centro después de que la Fundación denunciase ante el juez presuntas irregularidades con facturas; y encontró cuestiones sospechosas. El Consistorio constató que 32 facturas que suman una cuantía que ronda los 64.000 euros y que pagó el municipio a proveedores del Niemeyer constaban también en la contabilidad del centro, aunque anuladas y referidas a actividades no ligadas a la inauguración de la cúpula en diciembre de 2010. Al percibir que había alteraciones en ciertos elementos de las facturas, como la fecha, decidió ponerlas en conocimiento del juez. Las posteriores indagaciones llevaron a un perito a concluir que se produjeron falsificaciones en las facturas y que de la documentación analizada se desprende cierto "conocimiento por parte del Ayuntamiento". El juez llamó a declarar como imputados a las ocho personas que ayer estaban citadas a la comparecencia y que esperan ahora por la decisión del juez.