El conocido como "caso Niemeyer", la investigación judicial que pesa sobre los exgestores del complejo tras la denuncia de la consejera de Cultura Ana González (actual presidenta de la Fundación del Niemeyer), permanece a la espera de que el juez se pronuncie sobre las pruebas que solicitó ya el pasado julio el exsecretario de la entidad, José Luis Rebollo. En las últimas semanas la pieza separada sobre las facturas que abonó el Ayuntamiento para la actividad del complejo en 2010 ha copado la actualidad judicial sobre la gestión del centro. Pero las partes personadas en el procedimiento esperan que el titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 comience a pronunciarse sobre las cuestiones del "caso Niemeyer" que tiene sobre su mesa.
José Luis Rebollo solicitó, entre otras cuestiones, que declaren como imputadas la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, y dos consejeras del Gobierno de Javier Fernández, Ana González y Dolores Carcedo, responsables de Cultura y Sector Público, respectivamente. La Fiscalía apoyó la petición de Rebollo, a la que solo se opuso el abogado de la Fundación del Niemeyer, Alejandro Riera. Falta por conocer la decisión del juez.
Las partes también esperan a que el juez se pronuncie sobre la ampliación de la denuncia por parte de la entidad (pidió que se sumen a la lista de imputados dos colaboradores de Grueso, Marc Martí y Joan Picanyol) y acerca de las nuevas pruebas solicitadas.
Hasta el momento están siendo investigados en el "caso Niemeyer" Natalio Grueso, su exmujer (J. P.), un agente de viajes (J. M. V.) y el abogado José Luis Rebollo por supuestos delitos de estafa y falsificación documental.
