El Gobierno de Mariano Rajoy echa balones fuera sobre el crítico futuro de las fábricas de Alcoa en Avilés y La Coruña, amenazadas por el encarecimiento de sus costes energéticos tras la subasta eléctrica de la pasada semana. La aluminera fue incapaz de renovar las retribuciones que percibe por formar parte del sistema nacional de interrumpibilidad eléctrica (por el que la industria se compromete a reducir o interrumpir su consumo eléctrico en función de las necesidades de Red Eléctrica Española a cambio de una retribución que le abarata el precio de la luz). El sindicato CC OO cifra en 27 millones de euros la repercusión que tendrá para la fábrica avilesina en 2015 la pérdida de esos incentivos de interrumpibilidad. Pero el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseveró ayer que todas las empresas que acudieron a la subasta de paquetes de servicios de interrumpibilidad eléctrica lo hicieron "en las mismas condiciones" . Y sobre los nubarrones que se ciernen sobre el futuro de Alcoa manifestó que la situación interna de la compañía "depende única y exclusivamente de la empresa".

Soria, de hecho, valoró el mecanismo de subasta que ideó el Ministerio que dirige y cuya organización encargó a Red Eléctrica Española (REE). "No hay que establecer ningún tipo de vínculo entre decisiones que se tomen en el ámbito interno de una compañía, sean cuales sean, y un mecanismo que el Gobierno ha aprobado y que introduce mayor competencia entre las empresas", aseveró el Ministro poco después de que Red Eléctrica hiciese público el resultado de la subasta.

La Asociación de Grandes Consumidores de Energía (AEGE) -a la que pertenecen Alcoa y Azsa, entre otras compañías-, y la patronal del sector siderúrgico (Unesid) siguen guardando silencio sobre los resultados de la subasta. Su argumento: toca esperar y ser prudente. Sendos colectivos aseguran que en próximos días manifestarán su posicionamiento sobre la subasta de la interrumpibilidad. Y callados siguen también los portavoces de las otras dos multinacionales de la comarca que participaron en la puja de la semana pasada: Azsa y Arcelor-Mittal.

En Asturias, en cambio, las voces de protesta se suceden en ámbitos políticos y sindicales. El presidente autonómico, Javier Fernández (PSOE), defiende que hay solución para Alcoa, empresa de la que dependen en Asturias unos 750 empleos, 500 de ellos directos. "Estoy convencido de que esto tiene arreglo, pero es el Ministerio el que tiene ahora la capacidad para hacerlo", destacó tras aseverar que habrá presiones para que Industria dé un paso atrás en la subasta eléctrica. Fernández, que reclamó hace meses la firma de un Pacto de Estado que permitiese abaratar la energía en defensa de la industria, advirtió de que el sistema de subasta también "puede perjudicar a otras multinacionales" asentadas en la región. "Las incertidumbres que despertaba este sistema se han confirmado", lamentó el presidente del Ejecutivo asturiano, que pide a Industria y a Red Eléctrica que "rectifiquen" y den una solución para la aluminera.

La reunión vespertina entre el consejero de Economía, Graciano Torre, y los representantes sindicales de la UGT y CC OO, se tradujo en una declaración de intenciones. Torre, acompañado del director general de Industria Luis Ángel Colunga, mostró el compromiso y la voluntad del Principado para mediar con el Gobierno central a fin de intentar revertir la situación de Alcoa. Torre explicó a los asistentes que ya se había dirigido por escrito al ministro de Industria y que ha solicitado una reunión urgente con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. Aún no ha obtenido respuesta. Y respondió así a las declaraciones que horas antes realizó José Manuel Soria sobre la situación de la aluminera: "Esas afirmaciones sólo pueden hacerse desde la irresponsabilidad o desde un desconocimiento supino".

El secretario de la Federación de Industria de CC OO de Asturias, Damián Manzano, tildó a Soria de "caradura". "No le vamos a consentir que nos la vuelva a jugar como tantas veces se la ha jugado a Asturias. Hay que tener una catadura moral bastante baja para pretender lavarse las manos en un tema como éste, y como ya hizo con el sector naval, el de la industria armamentística o con la minería", advirtió Manzano". Daniel Cuartas, secretario general de la sección sindical de UGT en la fábrica aluminera y presidente del comité de empresa, aseveró que "Soria es un cínico por decir que la culpa de ésto es de Alcoa". "Él fue quien hizo esta subasta y ahora se lava las manos", sentenció.

Las reacciones se sucedieron a lo largo de toda la jornada. La UGT exigió un gran pacto de Estado en el que se impliquen agentes económicos y sociales "para solucionar de una vez por todas el grave problema de la tarifa eléctrica" en España "y terminar definitivamente con esta nefasta situación de inestabilidad e incertidumbre que acecha a nuestras principales empresas". La central sostiene que la reforma puesta en marcha por el Gobierno central este año "es una muestra de absoluta ineptitud", puesto que "sólo ha servido para acentuar los problemas en lugar de resolverlos".

Eduardo Donaire, el secretario general de MCA-UGT Asturias, cargó contra el sistema de adquisición de bonus eléctricos: "Este modelo no es adecuado. Las industrias no pueden estar todos los años liadas con lo mismo, necesitan estabilidad. La tarifa eléctrica es más importante en Alcoa incluso que el pago de las nóminas". El secretario federal de siderúrgica del mismo sindicato, Ignacio San Miguel, apuntó que "la subasta eléctrica se ha convertido en un carajal que nació para fracasar". "Se ha puesto en solfa la viabilidad de las plantas de Alcoa en La Coruña y Avilés. No vamos a quedarnos de brazos cruzados", afirmó.

"Defenderemos las industrias de la comarca con todos los medios necesarios exigiendo la máxima responsabilidad a los gobernantes para que de una vez por todas se establezcan precios energéticos que garanticen el aumento del empleo en esta comarca, que ya ha sufrido bastantes recortes", aseveró el secretario de la USO en la comarca avilesina, Israel Castro.