El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo contra la orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que regula las subastas la interrumpibilidad del suministro eléctrico de grandes consumidores, según recoge el Boletín Oficial del Estado.
El servicio de interrumpibilidad, dotado con unos 500 millones de euros anuales, consiste en el pago de determinadas sumas a las grandes empresas por permitir que se les corte el suministro de luz en caso de que lo requiera el sistema.
Dentro de la reforma eléctrica y con el objetivo de que los pagos se asignaran de forma competitiva, el Ministerio de Industria introdujo el sistema de subastas competitivas, muy cuestionado por algunos sectores empresariales, como la gran industria.
El pasado otoño se celebró la primera subasta, en la que quedó fuera la compañía Alcoa, con fábrica en la comarca avilesina, que inmediatamente después anunció su intención de presentar un expediente de extinción de empleo en sus plantas de Avilés y La Coruña, que emplean de forma directa a más de 800 trabajadores.
Industria realizó una subasta extraordinaria, que se celebró los días 22 y 23 de diciembre en Zaragoza, y en la que Alcoa sí logró bloques de potencia para obtener descuentos en el precio de la luz. Apenas dos horas después de concluir la subasta de repesca, la multinacional aluminera anunció la retirada de los despidos colectivos en sendas factorías.
Como ya informó este periódico, el Tribunal Supremo acumula una decena de recursos de empresas y patronales a la subasta de interrumpibilidad que puso en marcha el Gobierno de Marino Rajoy y ninguna de ellas es de Alcoa. La compañía estadounidense no recurrió la orden del Ministerio de Industria en la que se establece el nuevo mecanismo de distribución de bonus eléctricos (los que reciben las compañías dispuestas a interrumpir el consumo eléctrico en caso de emergencia) al mostrarse partidaria del nuevo sistema, si bien sí que presentó alegaciones a las bases de la puja cuando salieron a información pública.
El Alto Tribunal analiza varios recursos contra la orden del Ministerio de Industria que establece el nuevo mecanismo y también contra la que recoge los detalles de las subastas. Como ya informó este periódico, entre los denunciantes destaca la patronal siderúrgica (Unesid), a la que pertenece Arcelor-Mittal, con factoría en Asturias. Al menos uno de esos recursos ha sido aminitada al trámite por el Supremo.
