Los alumnos de varios colegios del concejo pondrían quedarse sin comedor escolar el 2 de marzo, si antes no se resuelve el litigio que mantienen el Principado y el Ayuntamiento. Los comedores de los colegios públicos de Salinas, El Vallín e Infanta Leonor de Piedras Blancas, que acogen a unos 700 escolares, corren riesgo de tener que cerrar el comedor escolar, según reconoció ayer la alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero.
La polémica surgió cuando, a finales del curso pasado, el Principado pidió al Ayuntamiento que se hiciera cargo de la gestión de los comedores escolares de los tres centros que hasta ahora gestiona el Gobierno regional con los colegios.
"El pasado 1 de julio, la Consejería de Educación nos avisó de que teníamos que hacernos cargo de los comedores escolares o, en caso contrario, podrían hacerlo una ONG o las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA). Sabemos que no estamos obligados, pero pedimos la documentación para empezar las gestiones. En octubre seguíamos esperando por los papeles del Principado. Algunos han llegado y otros no", se quejó la Alcaldesa.
El gobierno castrillonense de IU acordó con el Principado empezar la gestión de los comedores el 1 de marzo, pero la lentitud en la tramitación no permiten cumplir los plazos. "Después de tener en orden la documentación con la Consejería de Educación nos ha pedido más informes la Consejería de Hacienda y Sector Público y estamos en ello", manifestó.
Próximo curso
La alcaldesa aseguró que desde el Ayuntamiento se están haciendo todas las gestiones necesarias para que se mantenga el servicio de comedor. "El Gobierno regional es el responsable de que no hayamos terminado la tramitación por no enviarnos a tiempo la documentación. Por ello hemos solicitado que continúe con la gestión y el Ayuntamiento empezaría el curso próximo", dijo.
Triguero explicó que, para agilizar los trámites, en el Pleno de mañana se debatirá la ordenanza municipal que fijará el precio en los comedores escolares y que se mantendrá el actual. "Queremos aprobar la ordenanza para que cuando el Principado nos autorice los trámites podamos hacernos cargo del servicio", indicó.
La alcaldesa responsabilizó del problema a la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada hace dos años por el Gobierno central del PP. "El Principado nos traspasa un servicio que el Ayuntamiento no está obligado a gestionar pero que debería depender, según la normativa vigente, del Ministerio de Educación", concluyó.
