V. M.
El gobierno de Corvera intentó, sin éxito, convencer al Principado para que iniciase un expediente disciplinario contra el interventor de Gozón por haber actuado en calidad de perito en el juicio que por despido improcedente mantiene la exgerente de Sogetesa contra el ayuntamiento corverano. El funcionario ejerce su tarea de interventor en Gozón y, por acumulación, en Cangas del Narcea. Ante la denuncia formulada por el gobierno corverano el pasado 25 de febrero, el Principado respondió que el Ayuntamiento de Corvera no tenía potestad para instar ningún expediente dado que el funcionario no trabaja en ese municipio. La dirección general de Administración Local trasladó la información al alcalde de Gozón, quien entendió que su interventor actuó correctamente al participar como perito en el proceso judicial.
Este episodio se enmarca en las tensas relaciones entre el gobierno corverano, en manos del socialista Iván Fernández, y la exgerente de Sogetesa, sociedad mixta urbanística cuya disolución ejecutaron este mandato los socialistas. La responsable de la sociedad consideró nulo su despido y recurrió ante los tribunales para demandar su incorporación al cuerpo de funcionarios, criterio que avaló como perito el actual interventor de Gozón.
Este funcionario había ejercido las tareas de interventor en Corvera y, de hecho, había sido autor de un informe en su día en el que ya advertía de la deficiente situación económica en la que se encontraba Sogetesa.
En su denuncia, el gobierno de Corvera entiende, apoyándose en un informe del secretario municipal, que el interventor de Gozón no estaba facultado para expresar su opinión como perito en el proceso judicial, aun cuando los hechos a los que se refería en su declaración se produjeron mientras él ocupaba la plaza de interventor en Corvera. Por ello solicitó al Principado que iniciase un expediente disciplinario. La respuesta de la administración autonómica no deja lugar a dudas al replicar que el gobierno corverano no tiene facultad alguna para pedir sanciones contra un funcionario de otro municipio.
Asimismo, la dirección general de Administración Local del Principado trasladó toda la información al Alcalde de Gozón, quien emitió otro informe avalando el proceder de su funcionario. En su respuesta, con fecha del pasado 23 de marzo, el Alcalde gozoniego, Ramón Artime, recalca que su consistorio estaba informado de la situación y que la valoración del interventor la hizo sin que suponga ninguna actividad económica privada que pudiese suponer incompatibilidad alguna.
