El curriculum de Luis Babiano le presenta como todo un experto en materia de agua. Fue asesor del Ministerio de Medio Ambiente, con Cristina Narbona y Elena Espinosa; y anteriormente fue jefe de sociedad y territorio del Centro de Nuevas Tecnologías del Agua. "Yo siempre he pensado en el agua entendida como bien público", asegura Babiano, que presentó en Avilés el pacto social por el agua pública que impulsaron más de 300 entidades en toda España y que ya firmaron en Asturias IU y Ganemos. Pide un agua con gas y comienza a hablar.
-Es sorprendente que en España, un país muy planificado en determinadas cuestiones, el abastecimiento urbano de agua sea desregularizado, privatizado. En el resto de los países europeos el servicio del agua casi está blindado para lo público. El agua pública siempre ha estado en los grandes paradigmas económicos.
-¿Y cuándo comenzó entonces a considerarse el agua como un bien privatizable?
-El fenómeno de la venta del agua en nuestro país no es nuevo. Lo que está habiendo ahora es una resistencia frente a la privatización. En 1996, el 63 por ciento de la población estaba abastecido por un servicio público. Y el 37 por ciento, privatizado. Hemos pasado en los últimos años a un "boom" mayor. El 57 por ciento de la sociedad española ya está abastecido por agua privada. La hegemonía es clara. Y usted preguntará: ¿Luis, esto es normal? Pues no. De las 400 ciudades más grandes del mundo, el 90 por ciento tienen servicios públicos.
-¿Me está diciendo que España está a la cabeza de la privatización del agua?
-Totalmente a la cabeza de la privatización. Y además se hace sin debate. Nunca aparece en los programas electorales. A veces incluso se hace frente a la resistencia ciudadana. Y sin regulación, con una trampa: el canon concesionario. Porque el debate no es sólo sobre un modelo privado o público, sino sobre los mecanismos de control y el por qué se privatiza.
-¿Y por qué se privatiza?
-No se privatiza por falta de inversiones o por quiebra económica o por mejor gestión, sino para coger la pasta, el canon concesionario. Un alcalde recibe una pasta que no tiene por qué gastársela en agua. Alguno ni siquiera se gasta un euro en agua. El último caso: 80 millones de euros en Jerez de la Frontera, una ciudad de unos 200.000 habitantes. Con el 40 por ciento de la población en paro. Se anuncia que no va a subir el agua, que se van a mejorar las condiciones y que se iba a salvar la economía de Jerez. La realidad es que con el dinero se pagan intereses de la deuda, hacen un géiser y restauran iglesias. Y la empresa concesionaria, al equipo que está en Tercera, le paga 50.000 euros. Eso sí, el agua subió un 11,5 por ciento en dos años y las empresas auxiliares prácticamente han desaparecido porque la multinacional se lo compra todo a sí misma. Las condiciones laborales de los trabajadores han disminuido. Y se producen desahucios hídricos: en un día cortaron el agua a 250 familias por el impago de un recibo. Cuando se privatiza, la ciudad se convierte en un cliente cautivo.
-Vamos, que usted defiende que la privatización es mala.
-No es mala. Si fuera mala sería mejorable. Es especulativa. Está pasando igual que en la construcción. Se creó una burbuja inmobiliaria con consecuencias letales para nuestro propio sistema. Ahora, hay una burbuja hídrica que no sólo tiene consecuencias sobre las rentas familiares. Al final tenemos un país con un modelo que busca más las medidas de rentabilidad cautiva que la competitividad intersectorial. Las dos empresas que controlan el agua en España son instrumentos financieros. La clave no está en el servicio, sino en dar dinero a los ayuntamientos. Y el canon concesionario es lo único que no permite que una familia asturiana se haga con el servicio. Porque lo que hacen estas grandes empresas es prestar dinero a los ayuntamientos.
-Hay municipios que han comenzado a recuperar el servicio público de agua.
-Hay una tendencia importantísima de remunicipalización: Berlín, París, Hamburgo... En los últimos 15 años el número es sustancial: 235 ciudades en el mundo. Generalmente es por tres motivo: pérdida de control alarmante del órgano municipal, fuertes desinversiones y que empieza a haber casos de exclusión social en el acceso del agua. También se producen subidas generalizadas del precio del agua. Al remunicipalizar, el beneficio económico es inmediato. París, en el primer año, bajó un 8 por ciento la tarifa y tuvo un beneficio de 35 millones. No hay cortes si la familia justifica que no puede hacer frente. Plantearon instalaciones más eficientes para conseguir un sistema más sostenible. Es el modelo del 2.0. Es muy fácil decir "la empresa es la culpable", pero el culpable es un ayuntamiento que tiene las competencias sobre el agua y que privatiza para recibir la pasta.
-Hay ayuntamientos que privatizan porque dicen que no pueden hacer frente a las inversiones necesarias.
-Esas inversiones pueden hacerse desde lo público. A lo mejor es necesario subir temporalmente la tarifa para sufragar un plan de obras. Se pone la excusa de lo mal que funciona lo público, que es responsabilidad del político, para vender y recibir la pasta. Es alarmante que estas empresas tengan capacidad de decir lo que hay que hacer, comprarse a sí mismo los servicios, ponerlos al precio que quieran. No se lleva a licitación pública ni una obra. ¿Quiere saber qué ventajas reporta para un político?
-Adelante.
-Cuando la contratación pasa de lo público a lo privado, es una oportunidad de expandir tus redes clientelares. Práctica generalizada que se hizo evidente en el caso Pokemon. Las empresas públicas tienen que publicar puestos de trabajo, contratos? Y la empresa privada o mixta, no.
-Remunicipalizar no es fácil. El coste es alto.
-Sí, claro que es difícil. La primera dificultad es que no se sabe generalmente si lo invertido lo ha realizado al justiprecio necesario. Eso cuesta dinero. Tampoco sabemos si es posible sancionar a la empresa porque ese control ha desaparecido. Y tenemos el préstamo, el canon. Siempre hay que pagar. No obstante se pueden habilitar mecanismos para que la remunicipalización sea un hecho.
-¿Por ejemplo?
-La creación de empresas públicas con las que el rescate de la concesión vaya vinculado a inversión y repercuta en el precio del ciudadano. Y a 25 años vista, el agua será un 20 por ciento más barata. Con el pacto social por el agua pública queremos pasar de la resistencia al modelo de acción positivo.
-Resiliencia.
-Eso es. Queremos que los políticos se comprometan con un proyecto colectivo que la sociedad civil les ofrece. La agenda del agua va a marcar en muchos municipios el debate político.
