La magistrada titular del juzgado Número 3 de Avilés, la juez Elena González, cerró el pasado martes la instrucción de la llamada "trama del agua", la que se abrió a finales del año 2012 para tratar de desentrañar las presuntas relaciones ilícitas de la compañía Aquagest con el Ayuntamiento de Corvera en los años en que esta administración local construía las piscinas municipales de Las Vegas. Las instalaciones deportivas corveranas fueron inauguradas en 2009.
El cierre de la instrucción supone que la instructora ha señalado a una serie de exresponsables políticos municipales -de la Unión Social y Progresista de Corvera (USPC) y el Partido Popular (PP)- y también a directivos de varios niveles de la compañía Aquagest y, asimismo, a la misma compañía. La juez dictó un auto el pasado lunes después de haber archivado las causas abiertas contra una veintena de políticos que había imputado anteriormente como presuntos autores de delitos de cohecho por aceptar viajes y estancias en hoteles de Las Caldas (Oviedo), Madrid y Barcelona. Así pues, la causa de la "trama del agua" que se había extendido por una veintena de concejos después de haber nacido en Corvera regresa a su punto de partida: el concejo de Corvera, precisamente.
El auto que dictó la magistrada avilesina supone que se continúan "las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado" contra la exconcejala avilesina del partido Agrupación Social Independiente de Avilés (ASIA), Elena Villalba, su madre, E. M. G., y su expareja, A. V. A. Les atribuye a los tres un delito continuado de falsedad en documento privado en concurso de un delito continuado de estafa agravada. A Miguel Ángel Villalba -hermano de Elena, hijo de E. M.G. y también exconcejal de ASIA en Avilés- le atribuye el delito continuado de falsedad en documento privado en concurso de un delito continuado de estafa agravada y, asimismo, un delito continuado de cohecho. A I. S. B., directivo de Aquagest, un delito de falsedad de documento privado en concurso de un delito continuado de estafa agravada y, además, un delito de cohecho y otro de tráfico continuado de influencias.
Al exalcalde de Corvera, Luis Belarmino Moro, le atribuye un delito continuado de falsedad en documento privado en concurso con un delito continuado de estafa agravada y un delito continuado de cohecho. Al exconcejal de Urbanismo de Corvera, Luis Solares, y a la exconcejala de Hacienda, Ana Belén Toro, la juez les atribuye un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y un delito de abusos en el ejercicio de su función. Asimismo, les señala como presuntos autores de un delito de tráfico de influencias. A los empleados de la empresa Aquagest J. A. M. M., A. M. F., Henry Laíño y Joaquín Fernández les acusa de un delito continuado de cohecho y un delito continuado de tráfico de influencias.
El auto de la juez tiene que pasar ahora a las partes personadas, esto es, el ministerio fiscal, los acusadores y los acusados. El fiscal se encargará de calificar los presuntos delitos cometidos por los ahora imputados y, en su caso, de formular una acusación que volverá a remitir a la instructora (o a su sustituto) que determinará entonces la oportunidad de abrir un juicio oral. Sin embargo, antes de que se produzca este hecho, tanto acusadores como acusados pueden interponer recurso de reforma contra el auto de Elena González. Estos recursos también tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de la apertura del juicio oral. La defensa de Luis Belarmino Moro y Ana Belén Toro ha anunciado que recurrirá el auto. La defensa de Joaquín Fernández también va a recurrir el auto.
Se da la circunstancia de que todos los imputados salvo dos -Henry Laíño y Joaquín Fernández- están relacionados con la construcción y gestión de las piscinas de Las Vegas. Laíño y Fernández se unieron a la causa tras el paso dado por la juez cuando investigó un viaje en autobús de la junta del PP de Coaña en 2009. Por este viaje a La Coruña habían sido imputados los miembros del gobierno de Coaña, pero hace unas semanas, la juez determinó que el presunto delito cometido en la gestión de este viaje había prescrito, con lo cual quedaron libres los imputados en una primera instancia, aunque no así Joaquín Fernández.
Henry Laíño y Joaquín Fernández están imputados, el primero por presuntamente haber hecho reservas "de alcaldes, concejales y diputados regionales sin aparente justificación" en el hotel de Las Caldas; y el segundo, por hacer "de intermediario en las reuniones celebradas con miembros de la política con fines aparentemente ilícitos". Las imputaciones de "los miembros de la política" están archivadas por haber prescrito.
