La inspección fiscal de la que es objeto desde hace meses la sociedad Nueva Rula de Avilés, y que tuvo secuelas en forma de investigaciones abiertas a comercializadores de pescado al por mayor, armadores y minoristas, ha entrado en su fase decisiva y según fuentes conocedoras de los pormenores de la misma podría darse por cerrada durante agosto o septiembre, como muy tarde. Al menos, ese es el calendario con el que trabajan los responsables de la lonja avilesina, convenidos por otra parte de que este desagradable capítulo, por más que suponga un varapalo económico, no afectará a la actividad ordinaria del muelle pesquero, el más importante de Asturias a tenor de las toneladas que mueve cada año.

La Agencia Tributaria tiene muy avanzado su análisis de las cuentas de la rula y el examen de la forma en que la misma liquidó durante los años comprendidos entre 2009 y 2012 el impuesto de sociedades y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), las dos obligaciones fiscales que fueron objeto de supuestas irregularidades relacionadas con la no declaración de una cantidad aún indeterminada de pescado desembarcado y vendido en el puerto, lo que coloquialmente se conoce como "mercado negro" de pescado y que, a tenor de las últimas actuaciones inspectoras llevadas a cabo por la Agencia Tributaria, constituye una práctica más habitual de lo que se podía pensar en todo el litoral español.

De concretarse el previsible acuerdo administrativo entre las partes, Nueva Rula de Avilés tendría que asumir el pago de una cifra que ronda el millón de euros, si bien será la Agencia Tributaria la que comunique la cantidad exacta en función de sus cálculos. Este dinero serviría para pagar las liquidaciones complementarias de los impuestos mal calculados en su día y para hacer frente a las sanciones derivadas de ese hecho.

La intervención de Hacienda en el sector pesquero avilesino deja de momento como secuela la dimisión de los representantes de la Cofradía de Pescadores "Virgen de las Mareas" de Avilés en el consejo de administración de la sociedad Nueva Rula de Avilés -José Ignacio Santiago, Luis Eugenio Brun Espiña y Alejandro Álvarez-; los tres presentaron en junio su dimisión disconformes con el "rumbo de la entidad", quejosos con el hecho de ser tratados "como meros objetos decorativos en la toma de decisiones" y muy molestos con la "opacidad" que envuelve todo lo que que tiene que ver con la investigación fiscal en marcha. El propósito del resto de consejeros en activo de la rula es saldar deudas con el Fisco y minimizar las heridas que pueda dejar la inspección.