La Unión de Consumidores (UCE) de Asturias pretende llevar a los tribunales a la banca por cobrar comisiones por ingresos en ventanilla, una práctica que los jueces consideran ilegal. La organización pide la colaboración ciudadana para emprender una campaña que busca acabar con ésta y otras prácticas de las entidades que las asociaciones de consumidores consideran abusivas. "Los bancos se embolsaron en 2013 más de 18.000 millones de euros en concepto de comisiones. Es un negocio bancario fantástico", aseveró el presidente de la UCE en Asturias, Dacio Alonso.
Como informó el pasado domingo este periódico, un vecino de la comarca avilesina demandó a uno de los principales bancos del país por cobrarle tres euros al hacer un ingreso de 151,97 euros a la cuenta de un cliente de la entidad en cuestión. El demandante pidió ante los tribunales la devolución de esa comisión, puesto que estaba convencido de su ilegalidad. De la mano de su abogado, Celestino García Carreño, argumentó que "sólo pueden percibirse comisiones o repercutirse gastos por servicios solicitados en firme o aceptados expresamente por un cliente, y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o gastos habidos"; y también que "el hecho de que un tercero acuda a una sucursal para hacer un ingreso a la cuenta de un cliente de la entidad no supone prestar servicio a un tercero, sino al titular de la cuenta". La entidad bancaria se allanó a favor del corverano, es decir, aceptó devolverle los tres euros evitando ir así a juicio.
Para Dacio Alonso, casos como este constituyen solo "la punta del iceberg". "La banca ocupa el primer puesto, con una diferencia tremenda sobre el segundo, en nuestro observatorio de reclamaciones de los ciudadanos", aseveró. La Unión de Consumidores pretende ejercer una acción de cesación, puesto que este tipo de conductas afecta a un conjunto de consumidores: "Intentaremos recopilar todo este tipo de abusos ilegales y acudir al juzgado para que se cese el cobro de esa comisión y que se devuelva todo lo cobrado de forma indebida. Para eso necesitamos la colaboración ciudadana, tienen que traernos documentación para poder defender nuestros derechos e intereses", explicó.
Entre las quejas que llegan a la Unión de Consumidores por prácticas bancarias, destacan por encima de todas las relacionadas con la cláusula suelo. "Es la práctica más dañina. En Asturias afecta a unas 40.000 familias que tienen hipotecas y están pagando entre 150 y 300 euros al mes de sobrecoste, unos 1.800 euros al año. De estas 40.000 familias, en torno al 30% tienen serias dificultades para hacer frente al pago de la hipoteca. Los jueces y magistrados de toda España están dictando sentencias que recogen la manifiesta ilegalidad de esta cláusula", añadió Alonso.
La Unión de Consumidores sostiene que "hay una quiebra de confianza de los ciudadanos en las entidades financieras" por "los abusos que han cometido durante los años de la crisis". "Los bancos y cajas empezaron a tener problemas muy serios a partir de 2008 por la contaminación de sus cuestas por la crisis inmobiliaria y del ladrillo. Antes de que el Banco de España interviniese, intentaron capitalizarse a base de abusar de sus clientes. Empezaron a intentar vender productos engañando deliberadamente a la gente", explicó Dacio Alonso, refiriéndose a productos tóxicos como las preferentes, swaps, cláusula suelo y obligaciones subordinadas.
¿Y a quien compete reparar el daño que producen los bancos con estos abusos? "La competencia la tiene el Banco de España. El 80% de las reclamaciones que emite por reclamaciones de clientes no son vinculantes y la banca se las pasa por el forro. ¿Y qué hace la administración pública? Mirar para otro lado. Asturias es un caso singular y único. Aquí hay sanciones a la administración de consumo a los bancos por incorporar la cláusula suelo en las hipotecas. Pero los bancos no la quitan, porque aún así les sigue saliendo rentable. El Instituto Nacional de Consumo mira para otro lado", explicó el portavoz del colectivo.
La vía judicial
Así que a los ciudadanos no les queda otra vía que la judicial. "¿Merece la pena acudir a esta vía por tres euros? Eso es como matar moscas a cañonazos. El 25% de los ingresos de los bancos provienen de las comisiones que se sacan de la manga. Y hay sentencias que consideran que esos cobros son ilegales, puesto que el banco ya está cobrando a su cliente por ese servicio. Es un abuso y una ilegalidad manifiesto", insistió Alonso. De ahí que la Unión de Consumidores pretenda reunir buen número de reclamaciones de este tipo para echar mano a la Ley de Enjuiciamiento Civil y pedir que se prohiba el cobro de estas comisiones. "Las comisiones bancarias sólo pueden cobrarse si constan en el contrato que pactó en su día el cliente con la entidad. Si no se cumple esto, el cliente tiene derecho a reclamar todo el dinero que se le ha cobrado de forma indebida. Haremos una campaña sobre esto en la Unión de Consumidores a partir de octubre", añadió Dacio Alonso.
Desde el colectivo recuerdan que para emprender reclamaciones por la vía judicial de sumas inferiores a 2.000 euros no se precisa de abogado ni procurador. "Si se puede demostrar un abuso, hay que dejar el pataleo e ir directamente a la reclamación. Pueden contar con nosotros, pero tienen que traernos documentación", concluyó Dacio Alonso.
