El suelo para construir pisos en Avilés se acaba. Al menos, el que ya cuenta con la tramitación administrativa necesaria. Los constructores avilesinos -alguno de los cuales estiman que en dos años se agotará la bolsa de suelo operativo para edificar- urgen al gobierno a que dé nuevos bríos a la planificación del suelo, adaptada a las necesidades del momento actual. "El plan urbano se diseñó para un momento de boom, para hacer las viviendas de mil en mil; ahora hay que darle una vuelta a todo, segmentar las unidades y hacerlas viables", recomendó Agustín Pérez-Lozana, responsable de la agencia Ayala. Y todo esto en un momento en el que la compraventa de pisos comienza a repuntar.
Prácticamente las únicas grúas que trabajan en la ciudad en estos momentos son las que tiene Manuel Campelo en El Quirinal, donde está a punto de concluir la construcción de un bloque de edificios. En cuanto consiga licencia, comenzará una segunda construcción. Y la gran operación que está a punto para desarrollarse es la de Gocasa en la falda de La Luz, conocida como La Llamosa. Pero poco suelo más está listo para edificar, al margen del cierre de la manzana de los Álvarez y las parcelas que quedan libres en La Magdalena. Porque en lo que todos los promotores consultados están de acuerdo es en que Gaxín, que fue la gran apuesta del urbanismo hace ahora una década, no saldrá adelante nunca, al menos como estaba previsto. Y de la Isla de la Innovación ya ni se habla.
Ante la escasez de suelos para construir, la rehabilitación toma fuerza. Es la apuesta de Víctor Antuña, que realizó ya una operación en Rui Pérez, otra en Palacio Valdés y comienza ahora también en Carlos Lobo. "Avilés tiene mucho potencial para rehabilitar y aunque la rehabilitación es mucho más costosa que la obra nueva, permite vivir en el centro en una edificación moderna y actual", explicó Antuña.
El Ayuntamiento está en el foco de las quejas de los promotores que trabajan en Avilés. Pero no sólo por los responsables políticos, sino también por los técnicos, a quienes ven extremadamente rígidos e incluso con animadversión hacia los promotores. Campelo lo expuso de esta forma: "Lo que hace falta es trabajar. El gobierno ha pasado cuatro años muertos, nefastos, espero que ahora se pongan las pilas. Pero es que además hay técnicos municipales que te ponen todas las pegas del mundo. La última licencia que solicité tardaron ocho meses en dármela".
Junto a estas quejas, Campelo contrapone la importancia de la actividad constructora como generadora de empleos. "Si además de la crisis nos ponen todas estas pegas, la gente cierra. A ver entonces quién da trabajo". Lo que reclama el constructor es que "los políticos dirijan el Urbanismo y los técnicos trabajen". Y eso es lo que aspira que realice el nuevo equipo de gobierno, a quien de momento ve "con ganas". "Pero no pueden permitir que un técnico paralice seis meses una licencia, eso quita las ganas de trabajar". Junto a los nuevos concejales, Campelo también pone sus esperanzas de cambio en el nombramiento de Andrea del Cueto como directora del área de Urbanismo. "Lo principal es que trabajen, y que el sueldo que lleven a casa se lo ganen honradamente", insistió el promotor.
De no agilizarse el desarrollo de suelo urbanizable, aseguró Agustín Pérez-Lozana, Avilés volverá a perder habitantes, como ya ocurriera en décadas pasadas, en favor de Castrillón y Corvera. "Y todo, por no tener suelo disponible para los promotores, que nos llevará a que en unos años haya escasez de viviendas". La prisa que meten los promotores se debe a que los trámites administrativos de gestión del suelo duran mucho tiempo. "Una pequeña modificación es un año. Si hablamos de desarrollar una zona con equipamientos, hacer ciudad, estamos hablando ya de tres, cuatro o cinco años de tramitación", añadió.
Uno de los objetivos que propone Manuel Campelo es darle una vuelta a Gaxín: "Así no va a salir nunca. La única solución es olvidarse de lo que han montado". La operación, que afecta a un millón de metros cuadrados, en los que estaba previsto construir 3.300 viviendas, hace tiempo que entró en barbecho. "En el 80 por ciento de los casos los promotores están en quiebra", aseguró Campelo. Recientemente se anunció la subasta pública de fincas pertenecientes a Gaxín. "Fue un plan mal hecho, por técnicos que ven al promotor como una máquina de querer ganar dinero y frustraron el proyecto con gran cantidad de cargas, servicios generales y recogida neumática que lo hacen inviable", añadió. En su opinión lo adecuado sería que el Ayuntamiento permitiera a los promotores ir desarrollando esos suelos poco a poco, comenzando por los más próximos a la ciudad.
Y si Campelo propone estos cambios para Gaxín, Víctor Antuña plantea modificaciones para el residencial de La Magdalena, donde aproximadamente la mitad de las parcelas están vacías. "Si se pudiera quitar la etiqueta de vivienda de protección oficial (VPO) y dejarlo para construir vivienda libre, saldría adelante". Y es que aunque los precios de venta actuales de un piso del mercado libre y otro de protección son muy similares, los compradores de la segunda modalidad están sometidos a una serie de obligaciones y requisitos que ahora, desde que se retiraron las subvenciones a la compra, ya no cuentan con contrapartida. Esto es, un comprador de vivienda VPO tiene que estar inscrito en las listas de demandantes del Principado y cumplir unos requisitos económicos, además de comprometerse a no vender en una década.
La forma de plantearse una promoción, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, ha cambiado radicalmente, según apunta Campelo: "Ahora, igual que ocurría antes del boom inmobiliario, hay que tener dinero para comprar el solar y afrontar el 20 o 30 por ciento de la construcción. Luego, una vez acabado el edificio, se vende poco a poco. El que está esperando a vender para empezar a construir, que se olvide".
