La subasta de bonificación por interrumpibilidad que mañana, lunes, celebrará Red Eléctrica en Madrid será clave para el futuro de la planta de Alcoa en Avilés. La noticia de que el Ministerio de Industria y Energía va a ofertar ocho paquetes de 90 megavatios -uno menos que en la puja del año pasado- ha hecho saltar las alarmas en las sedes de sindicatos, partidos políticos e instituciones públicas de la región. El comité de empresa de Alcoa en la ciudad difundió un comunicado en el que indica que "consideramos insuficiente el número de paquetes ofertados ya que se podían haber sacado un mayor número de bloques, hasta trece, según la publicación del BOE del cuatro de agosto". En el mismo texto, los trabajadores lanzan un mensaje a la dirección de la multinacional productora de aluminio para que "permita competir libremente a la planta de Avilés en la subasta como un centro de trabajo y no haga estrategia de grupo. No toleraremos que nos utilice como escuderos de los intereses de otras plantas del grupo".

La reducción del número de paquetes también ha sido enjuiciada por José María Guzmán Pacios. El secretario general de Comisiones Obreras en Avilés la calificó de "espeluznante. Ni siquiera el PP respeta sus propias normas publicadas en el BOE". Con este cambio, añade el líder sindical, "Alcoa lo tiene complicadísimo ya que necesita dos paquetes de 90 megavatios y si se presentan nueve empresas estaría fuera. Su continuidad en Avilés pende de un hilo".

La alcaldesa de Avilés valoró igualmente de forma negativa esta noticia: "No sabemos a que responde esta decisión del gobierno, pero ofrece a Alcoa una excusa en bandeja. Se tendría que trabajar para facilitar el mantenimiento de la empresa y esta medida la dificulta", señaló Mariví Monteserín al tiempo que pidió prudencia ante la puja de mañana "y ver si Alcoa tiene una oportunidad de conseguir los paquetes. Después, tanto la empresa y el gobierno tienen que tomar decisiones a medio plazo", concluyó.

Dicha resolución deja de manifiesto la falta de una política industrial por parte del gobierno de la nación "definida y fuerte", según Monteserín, y "una clara intención de desmantelamiento del tejido industrial en España, haciendo competir a la industria electrointensiva entre sí cuando nada tienen que ver los sectores ni el impacto energético de cada industria", indica el comité de empresa.