La zona de chalés del Quirinal, en la calle José Cueto, vivió ayer horas tensas durante la mañana, por un desahucio que fue finalmente pospuesto por "causas extrajudiciales", esto es, falta de medios policiales para practicar la diligencia en ese momento, al haberse reunido en la vivienda un buen número de personas con la intención de impedir la sentencia. El nuevo señalamiento queda ahora pospuesto, dando una tregua a la familia residente: una mujer y sus dos hijos de 11 y 14 años, que durante las horas de tensión estaban en el colegio. La mujer, Cristina Vieites, respiró aliviada tras conocer el aplazamiento, pero afirmó: "Esto es un atropello, la justicia está a favor del que tiene dinero; yo soy una perjudicada, nadie me avisó, ahora espero tener un tiempo para encontrar otra vivienda".

Vieites está divorciada desde hace 6 años; según afirma, no está trabajando, tiene una paga de algo más de 400 euros y sus hijos reciben unos 300 euros de su padre, al que ella califica de "sinvergüenza". Tras el divorcio se dejó de pagar la hipoteca de la vivienda de la calle José Cueto, y en junio salió a subasta. Y el comprador acaba a su vez de revenderla. Según fuentes judiciales, desde junio sabía que en octubre tenía que abandonar la casa. Sin embargo ella asegura que la notificación no le llegó hasta ayer mismo, ya en el momento de tener que salir, porque su abogado no le había comunicado la situación. De hecho aseguró que tenía pensado demandarlo por esa falta de comunicación.

Las escaleras del chalé se llenaron pronto de personas con la intención de detener el desahucio, y eran numerosos los representantes de Somos y también de IU. Laura Fernández, de Somos, intentó negociar por teléfono con el actual propietario. "Me ha dicho que no está dispuesto a perder 30.000 euros. Le deseo que nunca le pase esto a él", espetó Fernández. Y añadió que las personas que estaban allí no se iban a mover mientras no hubiera una alternativa. También intervino Manuel Ángel García, de la plataforma Stop Desahucios, que arremetió contra la falta de comunicación por los abogados de oficio. "Ya pasó en Gijón, esto clama al cielo". Y pidió un mes para solucionar el problema.

También Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés, tras conocer la sentencia de desahucio, comenzó a trabajar para pedir una prórroga mientras no se buscaba una solución habitacional para la mujer y los dos niños que difícilmente olvidarán el día en el que casi les desahucian.