"Hace dos años nos dieron este piso de urgencia social pero no nos dijeron que era con carácter temporal y el mes de julio pasado recibí una carta de Vipasa diciendo que el 30 de noviembre tenemos que dejarlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos con 876 euros al mes que tenemos entre el salario social que recibo yo y el dinero que gana mi mujer?". Ignacio Adame, albañil en paro que llegó a Avilés junto a su esposa Esther Agudo desde Laviana, donde vivían en un coche tras haber perdido el trabajo y la casa, se muestran desesperados ante la incertidumbre que de nuevo les depara el futuro inmediato. Ocupan un pequeño y luminoso apartamento en el barrio del Nodo por el que pagan 123 euros al mes de alquiler pero que deben abandonar al concluir la estancia de dos años establecidos en el contrato por tratarse de una vivienda de urgencia.
El matrimonio aspira a continuar en la calle Balandro porque sus escasos ingresos no alcanzan para pagar otro al precio del mercado. De no ser posible permanecer en el Nodo, la pareja espera acceder a otra vivienda social que les permita continuar con la vida iniciada hace dos años en Avilés. En las últimas semanas y desde que recibieron la comunicación de Vipasa, Adame señala haber peregrinado por las oficinas de la empresa pública de viviendas así como por las del Principado y los Servicios Sociales municipales en busca de una solución que parece no llega. También indica haber estado en cuatro o cinco ocasiones con los concejales de Somos: "Les dije que ellos también son culpables ya que si el pueblo les vota tienen que hacer algo por resolver estas cuestiones", manifiesta.
Ignacio Adame y Esther Agudo construyeron un hogar en Avilés con la ayuda de Cáritas y de personas anónimas que les facilitaron algunos de los muebles y enseres que ocupan la vivienda: nevera, cama, armario, sofá.... "¿Y qué hacemos con todo esto si nos tenemos que ir, lo tiramos para volver a vivir en la calle o de nuevo en un coche?", se pregunta Esther Agudo, que trabaja cuatro horas en una casa del centro de la ciudad atendiendo a una señora mayor en las labores domésticas.
Irritado ante la posibilidad de retornar a la situación vivida hace dos años, Ignacio Adame manifiesta con orgullo estar al día en sus cuentas. "No debemos un duro a nadie. Pagamos religiosamente el piso más 166 euros de luz y gas y 177 euros de una deuda antigua con la Seguridad Social. Con el resto vivimos; todos sabemos lo que cuesta comer", dice ante una montaña de papeles que reflejan los trámites burocráticos que lleva a cabo con la esperanza de vivir con dignidad. "Hemos empezado de nuevo aquí pero cuando levantas las orejas te pegan fuerte para que no las subas", señala con amargor.
La plataforma contra los desahucios ampara al matrimonio avilesino así como a las 148 familias asturianas en situación de urgencia social, el grueso de las cuales se encuentra en Gijón. Ayer, integrantes de este colectivo visitaron a la pareja. En el encuentro, Miguel Ángel García señaló que ya que no hay viviendas para atender las necesidades presentes, la solución pasaría por poner a disposición de los servicios sociales las que tienen cerradas los bancos.
