El fiscal pide 10 años de cárcel y 1,5 millones para la abogada acusada de estafar a sus clientes

La letrada avilesina falseó documentos y llegó a simular firmas de representados

06.10.2015 | 04:17
La abogada A. M. R. F. se cubre con un abrigo a la salida del Juzgado.

La abogada avilesina A. M. R. F. afronta penas, a petición de la fiscalía, que incluyen 7 años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y otros tres por el de falsedad en documento oficial. El ministerio público considera que la letrada engañó a un buen número de sus representados, a los que cobró por ciertos trámites que nunca llevó a cabo. Por ello, la calificación del fiscal incluye indemnizaciones que superan los 1,5 millones de euros a sus clientes presuntamente estafados, ante los que la abogada deberá pagar por responsabilidad civil.

Además, el fiscal pide al juez de la Audiencia Provincial que juzgará el caso que declaren en calidad de testigos casi medio centenar de clientes de la abogada. Por contra, el ministerio público cree que deben sobreseerse algunas reclamaciones formuladas contra la abogada al considerar que no acreditan de manera suficiente que hayan efectuado pagos o que la abogada incumpliese su diligencia profesional al gestionar los asuntos.

Según el relato del fiscal sobre la instrucción del caso llevada a cabo por el juzgado número 3 de Avilés, la acusada constituyó en 2005 junto a otros dos abogados una sociedad limitada profesional, de la que era administradora solidaria. Sin embargo, en 2012, la marcha de uno de los socios dio pie a que la acusada fuese designada administradora única de la sociedad.

Entre los años 2001 y 2013, siempre según las conclusiones provisionales del fiscal, la acusada se comprometió con un buen número de clientes a desarrollar ciertas gestiones. Sin embargo, estas nunca se realizaron, pese a que los clientes sí pagaron. Para mantener el engaño en el tiempo, la abogada "confeccionó documentos oficiales y manipuló resoluciones judiciales que tenía en su despacho pertenecientes a otros procedimientos judiciales".

El fiscal sostiene además que esas manipulaciones fueron entregadas a los clientes, "para evitar ser descubierta, creándoles así expectativas infundadas sobre sus pretensiones", lo que les generó "perjuicios manifiestos derivados de la absoluta manipulación de la información que les había suministrado, dificultando o impidiendo el ejercicio de sus acciones legales". Los engaños a los clientes fueron variopintos:

Ingreso bancario falso. Un taller que había pedido a A. M. R. F. que reclamase cierto dinero, recibió como prueba un resguardo de ingreso de un banco cubierto por la propia abogada ante el que aseguraba que se trataba de una consignación judicial de la cantidad reclamada.

Una sentencia inventada. A un cliente que había resultado absuelto de delitos de falsedad y apropiación indebida le planteó iniciar acciones legales por daños morales contra quienes le acusaron, pero A. M. R. F. nunca presentó esa demanda; no obstante, llegó incluso a elaborar una sentencia falsa del juzgado de Pravia en la que se aseguraba que el cliente recibiría 30.000 euros de indemnización.

Seguro por muerte no tramitado. En el año 2006 un matrimonio contrató a la abogada para que hiciese efectivas varias pólizas de seguros tras el fallecimiento de su hijo en accidente. La acusada, según el fiscal, sólo tramitó una de las pólizas, mientras que no realizó ninguna gestión respecto a las otras.

La herencia que no se tocó. En 2002, un matrimonio y su hija le pidió que realizase ciertas gestiones con bienes recibidos en una herencia. La acusada les cobró 1.392 euros y 1.640 euros en diversos conceptos, pero nunca tocó un papel

Reclamaciones en el olvido. Varios de los casos hacen referencia a reclamaciones que algunos clientes pedían que la abogada efectuase ante el juzgado. En ocasiones, la letrada reclamaba dinero en concepto de provisión de fondos, pero no llegaba a tramitar ninguna o alcanzaba acuerdos al margen de los clientes. La situación llegó a tal punto que la acusada, presuntamente, llegó a falsear la firma de alguno de sus clientes en documentos en los que asumía decisiones que no habían sido consultadas.

Se descubrió el pastel. En otro de los ejemplos, el propietario de una conocida confitería avilesina, que mantenía una relación de amistad con la abogada, le confió diversos asuntos profesionales. A lo largo de los años, el empresario entregó cantidades por gestiones que nunca se realizaban. En 2011, la acusada llegó a simular la firma de su cliente en dos cheques que sumaban más de 50.000 euros incorporando esa cantidad a su propio patrimonio.

El fiscal enumera, así, un total de 39 casos de presunto engaño, en los que la abogada actuó con deslealtad profesional, realizó apropiación indebida y falseó documentos públicos. Además de las penas de prisión y las indemnizaciones, el fiscal reclama multas de 50 euros diarios por un periodo de 45 meses por esos delitos, lo que vendría a añadir a las indemnizaciones una cantidad en sanciones que rondaría los 67.500 euros.

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