El Colegio de Abogados de Oviedo afronta el pago de una fianza de 1,7 millones de euros por el caso de la letrada avilesina acusada de estafar a decenas de clientes durante años, A. M. R. F. El juez a cargo del procedimiento concluyó que la aseguradora del organismo es la responsable civil directa de los daños económicos que se atribuyen a la profesional, para la que la Fiscalía pide 10 años de cárcel y el pago de indemnizaciones que superan los 1,5 millones.
El magistrado emitió ayer una diligencia en la que ordena a la compañía aseguradora del Colegio de Abogados de Oviedo, al que estaba adscrita A. M. R. F., el pago de una fianza por importe de 1.787.252 euros, comunicaron fuentes próximas al caso. La aseguradora tiene un plazo de tres días para recurrir la notificación. Fuentes judiciales explicaron que esta medida tiene como objetivo asegurar que los damnificados por las negligencias en las que pudo incurrir la letrada puedan cobrar las indemnizaciones en caso de condena e impago.
Como adelantó el pasado lunes este periódico, A. M. R. F. afronta penas, a petición de la fiscalía, que incluyen siete años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y otros tres por el de falsedad en documento oficial. El Ministerio Fiscal considera que la letrada engañó a decenas de clientes, a los que cobró por ciertos trámites que nunca llevó a cabo. Por ello, la calificación de la fiscal incluye el pago de indemnizaciones a sus exrepresentados que superan los 1,5 millones de euros.
Según el relato de Fiscalía, la acusada constituyó en 2005 junto a otros dos abogados una sociedad limitada profesional, de la que era administradora solidaria. Sin embargo, la marcha de uno de los socios en 2012 dio pie a que la profesional fuese designada administradora única de la sociedad.
Entre los años 2001 y 2013, y siempre según las conclusiones provisionales de la fiscal, la acusada se comprometió con un buen número de clientes a desarrollar ciertas gestiones. Sin embargo, estas nunca se realizaron, pese a que los clientes sí pagaron. Para mantener el engaño en el tiempo, según la misma versión, la abogada "confeccionó documentos oficiales y manipuló resoluciones judiciales que tenía en su despacho pertenecientes a otros procedimientos judiciales".
La fiscal sostiene, además, que esas manipulaciones fueron entregadas a los clientes "para evitar ser descubierta, creándoles así expectativas infundadas sobre sus pretensiones", lo que les generó "perjuicios manifiestos derivados de la absoluta manipulación de la información que les había suministrado, dificultando o impidiendo el ejercicio de sus acciones legales".
La defensa de A. M. R. F., como también informó este periódico, pedirá la absolución alegando problemas mentales. Son 39 los casos de fraude que se atribuyen a la letrada, que se dio de baja en el Colegio de Abogados en noviembre de 2013, una vez que trascendió el caso.
