"El Estado no tiene derecho a proteger la vida en toda circunstancia cuando la voluntad de la persona es otra. No puede defenderse la vida como un ser biológico abstracto", señala Marcelo Palacios, presidente de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI), tras conocerse que el fundador de la asociación Encasa Cuidados Paliativos y miembro del colectivo Derecho a una Muerte Digna y una voluntaria del mismo movimiento se enfrentan a sendas penas de seis años y cinco meses de cárcel por ayudar a morir a una mujer en un hotel en Avilés en mayo de 2012.
Palacios, defensor de una ley de regulación de la muerte digna "con requisitos de garantía para que no se cometan abusos y para que los ciudadanos decidan cuándo quieren morir y que los médicos no sean castigados", dice que "para abordar esta cuestión con seriedad hay que considerar que la reivindicación de una vida digna implica respeto a una muerta digna; son dos hechos insalvables".
El médico gijonés, autor del libro "Soy mi dignidad, eutanasia y suicidio asistido", estima que se tiende a distinguir la vida de la muerte "cuando es un hecho en sí mismo. Es un correlato: nacer, vivir y morir. Nos manifestamos para que llevemos una vida digna y en el momento de entrar en el proceso de la muerte hay recelos por parte de determinadas capas de la sociedad en que la persona pueda decidir cómo quiere morir".
El caso de Avilés, así como el más reciente de Galicia, donde los padres de una niña solicitaban que le fuera retirada la alimentación artificial a su hija, reaviva el debate siempre abierto sobre la eutanasia y la muerte asistida. "Tenemos que reflexionar sosegadamente sobre este tema que está entrando en el sentimiento de la sociedad, que está suficientemente madura para su análisis; sabe cuándo quiere adentrarse en un tema y lo trata en función de las circunstancias", observa Palacios para anotar hechos que tienen analogía con casos como el de Avilés pero a los que no se les persiguió, no se tomaron medidas para sancionar a los colaboradores. En este sentido citó el de un cirujano en Holanda que ayudó a morir a una mujer con una grave depresión. "El caso llegó al Tribunal Supremo pero el médico no fue condenado. Sirvió para que una serie de denuncias fueran archivadas y dio lugar a que se produjera una reforma de la ley", relata. También se hace eco de la historia de Ramón Sampedro, "que no era un enfermo terminal pero sí una persona terminada. Estuvo 30 años en la cama y lúcido. Una mujer le ayudó a morir facilitándole cianuro potásico". Igualmente, menciona el caso de Jorge León, de Valladolid, afectado por una tetraplejía. "Vivía con respiración artificial, deseaba morir y alguien le ayudó a quitar el respirador".
El también profesor de Escuela Internacional de Sofrología Médica se mete en la piel de cada individuo enfermo, que vive alejado del mundo relacionado y considera que la muerte es mejor que la vida. "¿Qué derecho tenemos y quiénes somos nosotros para decidir lo que ocurre dentro de una vida si no cumple sus expectativas del ser humano?", se pregunta el presidente de la Sociedad Española de Bioética para lanzar otro interrogante al aire: "¿En que sentido perjudica a la sociedad que una persona quiera morir?"
En este sentido, el médico cree que la sociedad se mueve de un modo contradictorio ya que "en los países donde está prohibida la eutanasia las personas van a morir a Suiza o a otros estados en los que está aceptada. Y en España, con la ley de despenalización del aborto se da el caso de que en una habitación de un hospital se puede estar realizando una interrupción voluntaria de un embarazo pero en la de al lado se prohíbe la eutanasia".
Para evitar situaciones como éstas, Palacios considera que "no tenemos que pensar por el paciente y sí pensar con la persona; no suplantarla en la toma de decisiones tan importantes en su vida".
