"Esto es un atropello. Me encuentro en un momento de indefensión absoluta", protestó ayer el propietario del cine Patagonia de Miranda. El empresario, al que el Ayuntamiento paralizó el miércoles el derribo del edificio tras haberle concedido licencia para la obra, sostiene que no le facilitan "información alguna sobre lo que está ocurriendo". El inmueble forma parte de un listado de 50 cinematógrafos asturianos susceptibles de ser incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA). Pero según el dueño del Patagonia, Fernando Lastra, "nunca" se le comunicó este hecho.
"He ido al Ayuntamiento para que me muestren el expediente correspondiente y me han dicho literalmente: 'vuelva usted mañana'. Ayer (por el miércoles) fui a la obra y me la encontré precintada. Hoy (por ayer) pido explicaciones en el Ayuntamiento y no me facilitan información. Siento una total impotencia", aseveró el afectado, que dijo haberse puesto en contacto con sus abogados y con los servicios jurídicos de la Confederación Asturiana de la Construcción.
La Consejería de Cultura aseguró al Ayuntamiento haber notificado al propietario del cine de Miranda el 4 de mayo la incoación de un expediente para la posible inclusión del inmueble en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, cuestión que niega el afectado. "Nadie me ha comunicado nada", insistió Lastra, que presentó ayer por registro municipal un escrito reclamando información sobre las causas de la paralización de la obra. "¿Cómo pueden paralizar una obra y no darte ninguna justificación? ¿Pero en qué siglo vivimos?", planteó indignado.
La Consejería de Cultura del Principado no facilitó ayer información sobre las consecuencias que tendrá el derribo parcial del edificio, construcción de mediados del siglo XX.
Otras fuentes consultadas explicaron que el modo de proceder en estos casos es el siguiente: "La Consejería solicita al Ayuntamiento un informe el estado actual del inmueble, documento que pasará a la Comisión Permanente de Patrimonio. Ésta decidirá. Puede que ordene reconstruirlo conforme a como estaba o que considere que no cumplía los requisitos para su catalogación. Habrá un análisis técnico (desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico e histórico) y otro jurídico, que puede acabar acarreando una sanción", explicaron las fuentes consultadas.
