"Siempre que se produce el debate de tasas e impuestos los grupos que están en la oposición los quieren bajar, y en el debate de presupuestos, todo el mundo quiere incorporar gastos e inversiones, y eso nunca casa. El que gobierna tiene que hacer el equilibrio necesario para compensar". De esta forma evaluó ayer la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, el empeño unánime por rebajar los impuestos, que el gobierno socialista, con apoyo del PP -como ya pasó en los últimos años-, dejó congelados. La única modificación efectuada está en el tipo del IBI, que se bajó al 0,0725, para compensar parcialmente la subida catastral efectuada por el Gobierno central y que se traducirá en diez años seguidos de aumentos en este impuesto.

El de ayer fue un Pleno de casi cinco horas de debate sin grandes sobresaltos para el Gobierno local, más allá de las botellas de agua turbia con las que los concejales de Somos decoraron el salón de plenos para exigir la remunicipalización de este servicio. El PSOE tuvo la complicidad de los populares para aprobar su propuesta fiscal -la única excepción fue la revisión de la ordenanza de los precios de las escuelas de 0-3, que pretendía ajustar a los precios determinados por el Principado, más altos que los actuales-. Además, la moción conjunta de Somos, IU y Ganemos para adherir a Avilés al pacto social del agua naufragó por el bloqueo que efectuaron también PP y PSOE.

Al término de la sesión, el portavoz socialista, Luis Ramón Fernández Huerga, aclaró que a todos los argumentos aportados en defensa del modelo de gestión elegido en Avilés -una empresa mixta, Aguas de Avilés- se suma que, según los técnicos, revertir la privatización tendría un coste de 70 millones de euros.

Esos dos temas, los impuestos y la gestión del agua, fueron los asuntos fundamentales del día. La propuesta fiscal aprobada incluye, además de la bajada del tipo del IBI al 0,0725 (la propuesta inicial del PSOE era del 0,073), bonificaciones del 25 por ciento para familias numerosas, y elevar el valor catastral de viviendas susceptibles de ayudas a los 68.000 euros, así como bonificar también las viviendas con energías alternativas. "También planteamos rebajar la viñeta para los coches eléctricos en un 75 por ciento, y del 50 por ciento en los híbridos durante los primeros tres años desde la matriculación", explicó la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz. Las tasas y precios se congelan, con sólo algunas modificaciones en la redacción, que suprimen por ejemplo la tarifa de estacionamiento de vehículos retirados por la grúa durante las primeras 24 horas.

Posturas enfrentadas

El primero en intervenir fue Agustín Sánchez, concejal de Ganemos, quien reclamó más datos e información para poder tomar una decisión meditada sobre las tasas e impuestos. Por eso solicitó, sin éxito, aplazar la resolución. "Hay un mes de margen", aseguró. Juan Cuesta, portavoz de Ciudadanos, reclamó -igual que viene haciendo sistemáticamente IU- que el debate de los impuestos se realice conjuntamente al de las ordenanzas. Y reprochó al PSOE falta de diálogo: "Estábamos dispuestos a apoyar la propuesta , siempre que el Gobierno se hubiera comprometido a seguir disminuyendo el tipo del IBI en los próximos años. Pero con nosotros no negociaron". Cuesta lamentó también que no se aplicara el IPC negativo de agosto para bajar las tasas.

El portavoz de IU, Alejandro Cueli, fue el primero en avanzar el resultado del debate. "Probablemente el gobierno, sus ocho concejales, tengan un acuerdo con otro grupo político; todos sabemos más o menos quién puede ser", dijo en alusión al PP. También defendió bajar las tasas un 0,9 por ciento -sumando el IPC negativo de los dos últimos años- y criticó la subida de la contribución. "Los gobiernos del PSOE y del PP están permitiendo algo temerario: la presión fiscal hacia las familias por subida de impuestos, unido a la bajada de salarios, conduce al abismo". Para Somos, no hubo un debate real de la propuesta fiscal. "O de antemano sabía ya el PSOE con qué apoyos iba a contar o no son conscientes del apoyo que tienen en la corporación: no son ni la tercera parte, pero desde el principio su posición fue inamovible", subrayó el concejal Primitivo Abella. Y es que ninguna de las propuestas de Somos para "poner los cimientos de una nueva fiscalidad municipal" tuvieron éxito. "Pedíamos un pequeño esfuerzo adicional a las grandes empresas. Y la recaudación adicional podría dedicarse a incrementar las ayudas al IBI social", expuso Abella.

En cuanto al PP, defendió los logros conseguidos en la negociación con el gobierno socialista, y el ahorro de 400.000 euros que permitirá a los avilesinos la bajada del tipo del IBI. "El mandato de los ciudadanos en las elecciones, con este pleno tan fraccionado, fue el de que nos pusiéramos de acuerdo, dialogáramos y acordáramos. Hemos trabajado intensamente sobre ese mandato". Cerró el primer turno de intervenciones la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, quien defendió que, comparativamente, la presión fiscal de Avilés es la más baja de Asturias. "Sólo está por encima de Mieres, que está en quiebra, y de Langreo".

La polémica del agua

Más prolijo aún fue el debate sobre la moción que presentaron Somos, IU y Ganemos, que obtuvo el apoyo de Ciudadanos y que pretendía encaminar a Avilés por la senda de la remunicipalización del agua, con su adhesión al pacto social por el agua. Juan Cuesta, de Ciudadanos, explicó su apoyo: "Aunque no nos importa que la gestión sea privada o pública, tenemos gran desconocimiento de la situación actual, nos parece adecuado la formación de una comisión que haga un seguimiento del contrato del agua, que nos dé una radiografía de la situación actual".

En sus intervenciones, IU, Somos y Ganemos defendieron el respaldo de la sociedad avilesina a su moción, así como las adhesiones que están realizando otros ayuntamientos, como Gozón y Gijón, en ambos apoyada por el PSOE. Y se produjo un doble debate: mientras estos tres grupos defendieron el agua pública como concepto y cuestión de principios, el PP y el PSOE subrayaron las bondades del contrato que se había firmado en Avilés. "Las privatizaciones de servicios públicos generan un incremento de los precios, el deterioro de las garantías jurídicas de la ciudadanía y de la calidad de las prestaciones, además de márgenes de ganancia realmente escandalosos para las empresas, clientelismo laboral y no pocos escándalos de corrupción", expuso Xune Elipe, de Somos.

El concejal del PP Constantino Álvarez fue inflexible. "Consideramos esta moción un brindis al sol y una declaración de intenciones. No se puede generalizar sobre las privatizaciones ni sobre la forma de rescate de los servicios". Y expuso que, en 2007, el cambio de gestión fue la única salida a un servicio muy deteriorado. También el portavoz socialista, Luis Ramón Fernández Huerga, se empleó a fondo. "La propuesta de adjudicación se basa en una propuesta técnica, y es lo que votó este pleno. Y punto. Al que haya metido la mano, que los jueces hagan lo que tengan que hacer", sentenció.