La entrada a Luanco simboliza la crisis inmobiliaria. El barrio de La Vallina presenta varios bloques de pisos de los que tan solo existe la estructura. A pocos metros de estos "esqueletos", se halla un parque con un tobogán y otros dos aparatos que no son utilizados por ningún niño. La zona de ocio infantil se concibió como parte de un complejo residencial que comenzó a tramitarse en el año 2000 y a edificarse hace unos siete años. Actualmente, este espacio tan solo es utilizado por un caballo que pasta en la zona. Tanto los vecinos como los grupos políticos desean buscar una salida a este entorno, teniendo en cuenta además la "mala imagen que dan los edificios" y por razones de seguridad. "La intención es o bien derribar estos edificios o habilitar viviendas para personas que lo necesiten, eso sí, poco más sabemos de la situación en la que están esas viviendas", señaló Eulalia Bouzón, presidenta de la asociación vecinal "Luanco Progresa". El alcalde, Jorge Suárez, del PSOE, aseguró que la licencia para terminar la obra ya ha caducado. Su antecesor en el cargo, el edil popular Ramón Artime, indicó que esos edificios pertenecen en la actualidad a una entidad bancaria. "El banco en cuestión será quien tendrá que decidir, no el Ayuntamiento", señaló Artime, que recordó además que durante su mandato, el Consistorio ordenó limpiar la zona a la constructora y retirar una serie de andamios, como así se hizo. "Tenemos que buscar una solución a este problema que da mala imagen al pueblo", añadió Artime. Isaac Frade, concejal de IU, opinó en la misma línea que sus compañeros de Corporación y añadió: "No podemos estar así de por vida, reclamamos una comisión de Urbanismo en la que podamos analizar los informes relativos a esta urbanización y abrir el debate".

La urbanización prevista en los terrenos ubicados frente al poblado chabolista de La Paxarada y cerca de Miramar, campo de fútbol del Marino, estaba pensada para habilitar 1.200 viviendas entre casas y pisos en altura. El proyecto comenzó a desarrollarse en 2008. La obra comenzó a ejecutarse sin aparentes problemas hasta que a finales de ese año, la actuación se paró. La empresa encargada de los trabajos se declaró en suspensión de pagos y eso obligó a abandonar esa actuación en la que se preveían construir 48 casas por bloque, además de varios chalés. En total, se iban a edifica 200 nuevas viviendas libres.

Desde entonces, la titularidad de esos terrenos pasó a depender de una entidad bancaria. Ninguna firma intentó recuperar esa obra teniendo en cuenta su elevado coste que, según fuentes consultadas, ronda los 66 millones de euros. Números a parte, los vecinos y grupos políticos se han propuesto buscar una solución para un entorno que da buena muestra de los efectos del pinchazo de la burbuja del ladrillo.