La flota bautizada en su momento como "Los Trescientos" estaba compuesta, en realidad, por 450 barcos. Eran los buques pesqueros que, como máximo, podían faenar en aguas comunitarias de Gran Sol y el Golfo de Vizcaya cuando España entró en la Unión Europea. Corría el año 1986. De aquella flota hoy sólo quedan unos 90 barcos, que serán algunos menos el año que viene, cuando la secretaría general de Pesca resuelva los expedientes de solicitud de desguace presentados durante las últimas semanas, un "aluvión", según fuentes del sector consultadas por este diario. Sólo de Asturias, han pedido ayuda económica para achatarrar los titulares de cuatro barcos de palangre (hay una docena activos) y los armadores de dos arrastreros (de un total de seis).
La previsión de la dirección general de Pesca del Principado, que ha informado a favor de esos desguaces, es que se conceda la ayuda de cese de actividad "a uno o dos barcos de los seis que la han pedido". Incluso así, aunque Madrid modere el recorte de flota -entre otras razones porque la disponibilidad presupuestaria no permite atender todas las solicitudes cursadas-, la pérdida de efectivos pesqueros parece no tocar fondo: en estos momentos hay unos 275 barcos pesqueros en activo en Asturias, menos de la mitad que en 1992, cuando el censo totalizaba 644 unidades. "Esto no es más que la consecuencia de lo que venimos denunciando hace dos décadas: ni funciona el sistema de cupos ni Europa parece estar por la labor de hacer una gestión eficiente y responsable de los recursos pesqueros", lamenta uno de los armadores interesados en desguazar.
El aluvión de solicitudes de desguace de pesqueros que se ha producido este año -lo mismo que en Asturias, muchos armadores de las comunidades del Cantábrico se han apresurado a presentar los papeles para el desguace- está justificado por dos poderosas razones. La primera, que cada vez está más cerca 2018, el año en que está previsto que desaparezcan las ayudas públicas europeas al desguace. Y, la segunda, que ésta será, además, la última convocatoria de estas ayudas en la que los armadores puedan cobrar la subvención y, a la vez, vender a otros empresarios sus derechos de pesca (los popularmente llamados cupos) o acumularlos en otra unidad pesquera.
En el caso de las peticiones de desguace asturianas, todos los empresarios solicitantes han expresado su deseo de acumular los derechos de pesca en otros barcos de su propiedad o en buques en los que participarían como socios. Esta razón es la que llevó al Principado a informar favorablemente los desguaces solicitados; fuentes de la dirección general de Pesca aseguraron que en ningún caso se hubiera avalado desde Asturias el desguace de un barco cuyos cupos pudieran acabar siendo vendidos por el evidente riesgo de que acabasen en manos foráneas.
De hecho, el Gobierno del Principado ha sido en los últimos años uno de los más críticos de España con la teoría del "doble ingreso": cobrar subvención por achatarrar el barco y cobrar por la venta privada de los derechos de pesca. El Ejecutivo entiende que los derechos de pesca procedentes de barcos dados de baja deben pasar a formar parte de un banco público que los reparta posteriormente de forma equitativa entre los buques que queda en activo. Eso será, precisamente, lo que ocurra a partir de 2017, pero para la convocatoria de desguaces de este año prevalece el criterio de la libertad de comercio con los cupos. A este respecto, la dirección general de Pesca del Principado lamenta que el Gobierno central haya desaprovechado la oportunidad de alinearse con las directrices europeas que condenan la doble bonificación que supone cobrar subvención por desguazar un barco -con el añadido de que los armadores se beneficiaron también en su día de subvenciones para construirlos- y, además, vender los derechos pesqueros del mismo.
En este proceso abierto, los armadores compiten para recibir dinero público por no pescar más. El Estado da más puntos a los barcos más antiguos, a los de mayor tonelaje y a los que tienen menos cuotas de pesca. En base a las cifras conocidas de años pasados, el desguace de cada uno de los barcos asturianos que faena en aguas comunitarias, más pequeños que la media del sector, le puede reportar 1,1 millones a sus dueños. Y a cada tripulante, quedarse sin empleo puede suponerle una compensación "máxima" de unos 10.500 euros.
La cuantía máxima total de gasto que el Ministerio de Agricultura tiene presupuestado para la convocatoria de desguaces de este año es de diez millones de euros, de los que 9,5 millones se destinarán a la paralización definitiva y los restantes 500.000 euros a las medidas socioeconómicas de compensación no renovable. Para la paralización de buques incluidos en el Plan de recuperación de la merluza sur y cigala está previsto el reparto de ayudas por valor de 5,5 millones de euros; para los del Plan de recuperación de la merluza norte, tres millones, y para los del Plan del atún rojo, un millón de euros.
La finalidad que se persigue con estas ayudas es, según explicaron en su día los responsables estatales de pesca, "avanzar hacia el equilibrio entre la capacidad de pesca y las posibilidades existentes de capturas de las especies objetivo de estas flotas". Las ayudas constituyen también un incentivo para el abandono de la pesquería para aquellos buques cuya rentabilidad económica no asegure la continuidad en el sector a largo plazo. Precisamente el argumento que más repiten los profesionales asturianos: "No somos rentables porque no nos dejan serlo al negarnos los cupos que necesitamos para asegurar la viabilidad del negocio. Y llega un momento en que lo que quieres es dedicarte a otra cosa".
