UGT, el sindicato mayoritario en el Ayuntamiento de Castrillón, sostiene que la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Oviedo que anula la relación de puestos de trabajo (RPT) de 2014 "es una gran injusticia porque esa relación no implica ningún privilegio o dádiva". El secretario de la sección sindical en el Ayuntamiento y presidente de la Junta de Persona, José Manuel Lozano, aseguró ayer que "el Ayuntamiento de Castrillón no ha realizado ninguna subida ilegal de salarios".
El recurso contencioso administrativo había sido presentado por la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA), representado por el abogado Manuel Gómez Mendoza. Desde las últimas elecciones sindicales en el Ayuntamiento, celebradas la pasada primavera, USIPA está representada por primera vez en la Junta de Personal con dos delegados. UGT tiene tres, el CSIF dos, USO uno y el SIPLA uno.
La sentencia anuló la revisión de puestos de trabajo de 2014 aprobada por el Consistorio "por ser contraria a derecho" al obviar la ley de Presupuestos Generales del Estado. Se trata del segundo fallo judicial sobre la RPT, ya que el Tribunal Supremo confirmó otro anterior del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de marzo de 2014, que anuló la revisión de plazas de 2012. De ambos fallos judiciales se derivará la devolución a las arcas municipales de casi un millón de euros por parte de un grupo de funcionarios, según fuentes próximas al asunto. "La sentencia no afecta a altos cargos como malintencionadamente se dice, sino que afecta a más de 60 trabajadores", señaló Lozano.
"Los efectos del fallo judicial son desde la fecha del mismo, el 30 de septiembre y no desde que se adoptó el acuerdo. Por ello, la cantidad de un millón de euros que supuestamente habían sido pagados de más es absurda y totalmente falta", afirmó el secretario de UGT y presidente de la Junta de Personal.
