La marcha de Ramón Álvarez de la gerencia de la rula de Avilés ha generado sentimientos encontrados en el sector pesquero. Así, mientras que unos valoraban ayer el trabajo desarrollado durante los últimos siete años en el complejo, otros le atribuían directamente las culpas de la investigación de la Agencia Tributaria que se inició en la lonja y que salpicó a un buen número de comercializadores y armadores por la supuesta compraventa en negro de pescado.
Son varias las voces que aseguran que Álvarez no es más que el "cabeza de turco" de esa investigación fiscal y que tenían que haber caído algunos de los integrantes del consejo de administración de la sociedad "Nueva Rula de Avilés". "Si hizo algo fue con el beneplácito del Consejo. Nunca tomó decisiones particulares, solo era el gerente; dependía del mandato del consejo", afirmó ayer un patrón de barco con base en la ciudad.
El Consejo decidió cerrar el caso con el pago de algo más de un millón de euros en concepto de las cuotas tributarias del Impuesto de Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Y aprobará próximamente que ese dinero se abone a través de un crédito bancario. "La rula cuenta con una estructura financiera muy buena y está bien económicamente", explicaron fuentes de la entidad.
Pero no todos están a favor de la gestión de Álvarez. "Quedó muy retratado por ese caso y era algo que esperábamos. Hay un buen número de minoristas y armadores en su contra", sentenció otro de los encuestados. Este sector considera que la rula dejó "desprotegidos" a armadores y comercializadores -algunos afrontan sanciones de hasta medio millón de euros- y al aceptar pagar la multa está reconociendo "que se hizo trampa", por lo que "quedan sin defensa". "El consejo de administración tenía que haber peleado más", aseveraron.
