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Los dueños de decenas de solares del concejo quedarán libres de pagar el IBI

Los terrenos urbanizables pendientes de desarrollo y sin planes aprobados pasarán a la categoría de rústicos tras una reforma del Gobierno central

30.10.2015 | 02:21

Los propietarios de más de dos millones de metros cuadrados de suelo en el concejo quedarán exentos de pagar el recibo de la contribución a partir del año que viene o abonarán una cantidad menor. La reciente modificación de la ley hipotecaria y del catastro inmobiliario por parte del Gobierno central traerá como consecuencia que los dueños de terrenos urbanizables pendientes de desarrollo -que no tengan algún plan aprobado con carácter definitivo- pasarán a pagar IBI rústico en vez de urbano, como hacían hasta ahora, según explicó ayer Constantino Álvarez, concejal del PP avilesino. Aún no hay cálculos concretos, a la espera de que el catastro anuncie la ponencia de valores, aunque para las arcas municipales este cambio podría suponer una merma de ingresos de unos 200.000 euros.

En Avilés, hay en la actualidad 3,5 millones de metros cuadrados afectados por 21 convenios urbanísticos que aún no han fructificado. De ellos, solo tres tienen aprobados algún plan definitivo: los de Gaxín, La Llamosa y El Cueto-Heros. El suelo de los 18 restantes -La Lleda, El Pelame, Bustiello, Valparaíso, Bao o la ermita de La Luz, entre otros- cambiará su catalogación fiscal. Algunos de los principales beneficiados son los propietarios de suelos afectados por el polígono industrial de Retumés, un proyecto paralizado desde hace años, donde varias familias vieron cómo su contribución se multiplicaba por diez en los últimos años, tras la revisión catastral que vino a actualizar el pago de las fincas en función de su recalificación como urbanizable industrial.

"Los vecinos de Retumés protestan porque están en tierra de nadie. Son suelos con carácter prioritario, pero en los que la administración ha incumplido sus compromisos y llevan tres años pagando IBI urbano. No pueden ni vender ni hacer nada en esos terrenos", aseveró Álvarez.

La diputada nacional del PP Carmen Rodríguez Maniega criticó la "voracidad especulativa" del Plan Urbano de 2006, donde se incluye suelo urbanizable para 17.000 nuevas viviendas. "Aquello era una auténtica falacia. Con la crisis del boom inmobiliario, esos suelos quedaron paralizados pero sus propietarios tuvieron que pagar IBI urbano como si los planes siguieran para adelante", lamentó la parlamentaria.

La modificación de la ley catastral llega después de una sentencia de 2012 del Tribunal Supremo, de obligada aplicación en toda España y que dio la razón a los dueños de unos terrenos de Extremadura que presentaron un recurso judicial contra el pago de la contribución urbana por "un secarral". "La reforma legislativa define de manera más clara lo que es suelo urbano a efectos impositivos", comentó Constantino Álvarez. Los ayuntamientos tenían la obligación de informar de esos suelos antes del 1 de octubre. De los suelos incluidos en los 18 convenios afectados, dos ya cuentan con planes parciales aprobados definitivamente -el de La Lleda y el de la ermita de La Luz-, pero cambian de categoría fiscal porque sus promotores no presentaron aún el aval pertinente, según explicó el edil popular.

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