El Pleno de la Corporación castrillonense aprobó ayer una subida de la tasa de recogida de basura del 10 por ciento para 2016. Asimismo, sacó adelante una bajada del agua y del alcantarillado para el año próximo del 0,4. Y congeló el resto de las tasas, impuestos y precios públicos. El Gobierno local de IU obtuvo el apoyo de los dos concejales de Castrillón Sí Puede y del edil de Foro para aprobar el incremento de la tasa de recogida de basura, un servicio que privatizó hace más de una década el PP. Los populares, los socialistas y la concejala de Ciudadanos votaron en contra.

La alcaldesa, Yasmina Triguero, explicó que el servicio de recogida de basura es deficitario. "El coste anual del servicio es de 1,2 millones de euros, mientras que los ingresos rondan los 700.000 euros", señaló la Regidora. La subida del 10 por ciento afectará a los particulares y se congelará para los comerciantes.

"Rechazamos el incremento de la tasa porque, además de que la evolución del IPC es negativa, el déficit en el servicio está provocado por el cambio de modelo de recogida de basura aprobado en su día por IU y el PSOE que encareció el servicio más del 20 por ciento", señaló el portavoz de los populares, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones. La concejala de Ciudadanos, Silvia Argüelles, propuso la congelación de la tasa de basura y coincidió con Quiñones en la causa del déficit. "Me parece injusto trasladar a los vecinos las consecuencias derivadas de una decisión política cuyo único responsable es el equipo de Gobierno", afirmó. El PSOE proponía una rebaja del 0,4 por ciento de la tasa de recogida de basura en consonancia con el IPC interanual (agosto 2014-agosto 2015), que fue negativo en ese porcentaje.

La tasa por la prestación del servicio de agua y alcantarillado, otro servicio privatizado, será en 2016 un 0,4 por ciento más barata que este año. La actualización de la tasa del agua está recogida en el contrato con la empresa Aqualia que incluye la actualización anual de los precios del agua y del alcantarillado en relación con el IPC.

Además, la Corporación aprobó provisionalmente ayer la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2001 con el objetivo de facilitar la ampliación de viviendas. El objetivo es adaptar las normas urbanísticas a la legislación actual y terminar con la inseguridad jurídica como la que afecta a un chalé en Salinas, pendiente de derribo. El articulo 249 del PGOU de Castrillón, aprobado en 2001, da ocho años para ejecutar las ampliaciones o modificaciones de las viviendas que tengan un aprovechamiento urbanístico menos del asignado en el Plan urbano. El plazo para la ampliación concluyó en 2009. Uno de los objetivos de la modificación de las normas urbanísticas es disipar las dudas interpretativas derivadas de algunos artículos del vigente plan urbano que han conducido a la sentencia del chalé de Salinas. La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (Cuota) será la encargada de aprobar definitivamente el expediente.

Asimismo, en la sesión plenaria se aprobó una moción conjunta de IU, el PSOE y Castrillón Sí Puede, que contó con la abstención del PP, de apoyo a la marcha contra la violencia machista convocada el 7 de noviembre en Madrid. En la moción, se reclama también incrementar los recursos municipales contra la violencia machista como la promoción de la igualdad de oportunidades, la prestación de servicios sociales y medidas de prevención de la violencia contra las mujeres.