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El aluvión de barcos pesqueros a destruir colapsa los desguaces del Cantábrico

Los armadores critican las prisas de última hora de la Administración y la fortísima depreciación de la chatarra

El aluvión de barcos pesqueros a destruir colapsa los desguaces del Cantábrico

Los pocos desguaces navales que quedan en la cornisa cantábrica -en Asturias no hay ninguno en funcionamiento- carecen de huecos libres para achatarrar más barcos de pesca en los próximos meses, lo que complica sobremanera a los armadores interesados en acceder a las ayudas al desmantelamiento de la flota que concede el Gobierno poder cumplir con los requisitos de la convocatoria, que expira el próximo 31 de diciembre. El colapso de los astilleros dedicados a la destrucción de buques es la consecuencia del aluvión de pescadores interesados en abandonar la actividad y la posibilidad de hacerlo cobrando por partida doble: de una parte, el dinero que conceden las administraciones públicas por dar de baja el barco y, por otra, la venta, cesión o acumulación de los derechos de pesca (cupos), una lucrativa práctica que a partir del año que viene quedará prohibida.

Los armadores asturianos interesados en acogerse este año a las ayudas al desguace (dueños de cuatro buques palangreros y dos arrastreros) ya habían advertido durante el verano que la Administración se había "dormido" y que los trámites de la convocatoria iban con mucho retraso. El tiempo les ha venido a dar la razón, pues ahora que apenas quedan dos meses para acabar el año llegan las prisas. Madrid ha solicitado a esos armadores un certificado expedido por una empresa dedicada a los desguaces de que podrán destruir sus buques (los que optan a las ayudas al desmantelamiento de flota) antes del 31 de diciembre. Y tal cosa se antoja imposible a la vista de la carga de trabajo que tienen las empresas especializadas, lo que tiene muy preocupados a los armadores.

José María Sánchez, propietario de uno de los mayores y más afamados desguaces navales de Galicia, Petrallo, confirmó a este diario el colapso de las empresas de su sector y abogó por la aprobación de una prórroga de al menos seis meses para que dé tiempo a realizar todas las destrucciones de barcos programadas. "Eso mismo (conceder una moratoria) fue lo que hizo la Xunta de Galicia porque se dieron cuanta de que no había tiempo material a achatarrar tantos barcos como se acogieron a las ayudas al desguace", explica el empresario gallego.

"Lo que está ocurriendo es una vergüenza; nos empujan a dejar la actividad pesquera maltratándonos con la asignación de cupos y friéndonos a multas y llegado el momento de tramitar el desguace de los barcos nos encontramos con que la Administración ha esperado a después del verano para mover los papeles, con el peligro de que ahora no haya tiempo material para cumplir con la bases de la convocatoria", lamentó en declaraciones a este diario uno de los armadores asturianos que espera beneficiarse de las ayudas al achatarramiento.

Los empresarios amplían sus quejas a la actitud "cicatera" de los dueños de los desguaces, a los que acusan de aprovecharse del aluvión de barcos a destruir tirando los precios que pagan por la chatarra; incluso llegan a asegurar que "en algunos puertos gallegos han tenido que pagar por desguazar". José María Sánchez, uno de los aludidos, niega la mayor: "Lo que ocurre es que el precio de la chatarra ha caído a plomo por culpa de la crisis china; antes la mandábamos para allá y ahora son ellos las que inundan nuestro mercado con la suya".

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