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El gobierno local ordena cerrar la granja de La Braña con 1.700 conejos

Los propietarios de la explotación se quejan de la decisión cuando aún está pendiente la apelación de una sentencia

27.11.2015 | 02:33

El Ayuntamiento de Castrillón deberá hacerse cargo de los conejos de la granja de La Braña tras decidir el cierre de la explotación. La familia que gestiona este centro productivo en La Braña recibió ayer una carta del gobierno local instando a los propietarios a su clausura. "Hay una sentencia que podemos apelar porque estamos en plazo, pero el gobierno local no espera que concluya el trámite judicial y ya nos envía el aviso de cierre", señaló ayer J. A. R. marido de la propietaria V. G. A.

El cierre de la explotación acarrea la retirada de los conejos de las naves de La Braña. "No tenemos otro lugar al que llevar los casi 1.700 conejos que hay, así que si cierra la explotación el Ayuntamiento tendrá que matarlos", afirmó J. A. R. "Además, los gastos del cierre corren a nuestra cuenta, un problema más porque no tenemos posibilidad de pagarlos", dijo.

La familia que gestiona la granja abierta hace 30 años, sostiene que si han cometido alguna ilegalidad "es por culpa del Ayuntamiento". Los afectados está dispuestos a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para defender su negocio.

La granja de conejos ubicada en La Braña estuvo desde 1978 a nombre de los suegros de V. G. A. que, en 2005, pidió el cambio de titularidad. "El Ayuntamiento me contestó el 1 de enero de 2014 denegándome el cambio de titularidad porque decían que estaba ilegal. Los problemas para la familia se acumularon en los últimos años. En 2013, un vecino denunció la granja y en ese momento se precipitaron los problemas. El gobierno local abrió un expediente después de tener casi 10 años en un cajón el cambio de titularidad", afirma la afectada.

R. V., uno de los denunciantes, culpó también al Ayuntamiento de los problemas de los residentes. "La granja lleva muchos años funcionando pero siempre sin licencia. Es una explotación permitida y consentida por todos los gobiernos municipales de Castrillón que saben el perjuicio que causa a los residentes", señaló.

"Los vecinos somos los que sufrimos el problema y el Ayuntamiento no nos hace caso. Yo y mi familia no podemos seguir viviendo al lado de la explotación así que pedí una vivienda de emergencia y me contestaron desde el Ayuntamiento que no tengo derecho", manifestó R. V.

El denunciante confía en que el juez obligue a ejecutar la sentencia que prevé el cierre de la explotación pero J. A. R. apela a su derecho a recurrir el fallo judicial. "Cumplimos todos los requisitos con Hacienda, mi mujer está dada de alta en el régimen especial agrario de la Seguridad Social y pagamos los impuestos. Ahora los animales irán al matadero por decisión de los responsables municipales", concluyó.

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