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Illas

El Ayuntamiento miente por ley

El formulario informático creado para cumplir con la nueva normativa local exige incluir cementerios o amplias zonas verdes inexistentes en el concejo

La sede del Ayuntamiento de Illas.

Inventar cementerios municipales inexistentes y sobredimensionar el espacio dedicado a parques son dos de los requisitos absurdos que tuvo que cumplimentar el Ayuntamiento de Illas para poder cumplir con la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Y es que el programa informático con el que los concejos tienen que trabajar para determinar el coste medio de los servicios les obliga a consignar esta información, aunque no exista. Así lo explica el alcalde, Alberto Tirador: "¿Cómo va a determinarse de forma objetiva el coste medio de los servicios, cuando el programa informático nos obliga a mentir para poder completar los datos?".

Illas no tiene cementerios municipales. Simplemente porque las parroquias ya tienen otros de propiedad eclesiástica. Pero sí o sí, el programa informático los reclama. Y, asociados a los cementerios, un coste mínimo de 10 euros al año, además de gastos en actividades funerarias, vehículos a disposición de los cementerios, personal... Visto desde la perspectiva de concejos de mayor tamaño, puede tener sentido, pero Illas cuenta únicamente con un vehículo municipal multiusos, que lo mismo sirve para trasladar herramientas que para visitar los distintos núcleos del municipio. "Es cierto que es una obligación de los municipios tener cementerio, pero en la mayor parte de los casos son de la Iglesia, y eso es lo que ocurre en Illas", señala el Alcalde.

El caso de los parques también es llamativo. Illas sí tiene, pero apenas unos metros cuadrados. Y, sin embargo, el Ayuntamiento está obligado a inventarse un total de 20.000 metros cuadrados de amplias zonas verdes porque el programa informático no admite cifras menores. "Es imposible que los datos que resulten sean fiables", añade Tirador. No es de extrañar que, por esta y otras razones, el Alcalde considere que la ley de Racionalización es, "con mucho, el mayor problema de los ayuntamientos".

Y es que además de estas cuestiones que no dejan de ser anecdóticas, la nueva normativa impide gastar a Illas el dinero que tiene en las necesidades reales del concejo. Por ejemplo, el Ayuntamiento vería con buenos ojos la contratación de personal, pero no puede afrontarlo. "Es una solemne barbaridad que no puedas gastar tus recursos en lo que de verdad necesitas y no en lo que otros determinen. Tenemos a los interventores trabajando para el ministro Montoro".

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