El Ayuntamiento de Avilés tendrá que devolver a la exgestora del parking de Las Meanas -formada por las empresas Ogensa y Sadisa- los 265.300 euros de los que se incautó en concepto de avales después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) haya ratificado una sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Oviedo. El gobierno local había recurrido este fallo, pero ahora la vía judicial ya está cerrada y no tendrá más remedio que abonar la cantidad estipulada. El juez basa su argumentación en el desajuste entre las previsiones de ocupación que figuraban en el estudio de viabilidad encargado por el Consistorio y en el propio plan económico financiero incluido en la oferta con las cifras reales de utilización del aparcamiento.
Según recoge la sentencia, este desajuste fue "lo que aboca al concesionario a la renuncia del contrato para evitar su colapso económico-financiero, sin que sea posible considerar que tal renuncia suponga un incumplimiento del contrato pues, pese al principio de riesgo y ventura, no cabe duda de que el elevado déficit de explotación del servicio puede llegar a justificar la terminación anticipada de una concesión". Por eso, la gestora no habría caído en la renuncia con incumplimiento culpable que permitiría al Ayuntamiento la incautación de la fianza.
De hecho, según la prueba pericial valorada, la explotación del aparcamiento resultó "ruinosa prácticamente desde su inicio y supuso cuantiosas pérdidas anuales", que se incrementaron además desde la puesta en marcha de la zona azul por el Ayuntamiento "en unos términos que perjudicaron la competitividad de la concesión haciéndola inviable económicamente". Y es que si la previsión inicial estimaba una demanda próxima al cien por ciento de las plazas, en 2009 fue del 7 por ciento y disminuyó incluso más en 2010. Por eso, aunque el gobierno local argumenta que la ampliación del número de plazas de aparcamiento -solicitada por la propia concesionaria- fue una de las causas que contribuyeron al incremento de los costes de financiación, el juez señala que, al fin y al cabo, la decisión la tomó el propio Pleno municipal.
La sociedad Aparcamiento Las Meanas S. L. renunció en 2012 a seguir explotando la instalación que había construido previamente y solicitó tanto la resolución del contrato como la devolución de las garantías y el abono del importe de la obra ejecutada, que evaluó en 12 millones de euros, más los intereses legales y moratorios. El Ayuntamiento se negó a estas exigencias, estimó el coste real de la obra en una cuantía inferior y saldó el contrato con 4 millones de euros, una cantidad resultante de restar de los 12 millones reclamados 2,8 de diferencia de la obra, dos que ya quedaron amortizados, 1,6 de gastos financieros, 103.000 euros de desperfectos, 118.000 de vicios ocultos y 1,9 millones de daños y perjuicios. El conflicto entre la antigua gestora y el Ayuntamiento llegó a los ámbitos administrativo y judicial.
