Los pescadores asturianos llevan perdidos más de cuatro millones de euros por el reparto "injusto" de la cuota de xarda entre las flotas cantábricas. El Principado estima que el daño económico producido por el Estado al sector es de más de dos millones por campaña, por lo que va a instar a los profesionales a que reclamen indemnizaciones al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente por los dos años que se han visto perjudicados por las limitaciones de capturas.

Esta vía coge más peso después de que el Gobierno regional también haya ganado en la Audiencia Nacional el juicio al Gobierno estatal contra la orden que establecía el reparto de cuotas para la pesca de caballa y chicharro de 2014. Es la tercera sentencia favorable a los intereses asturianos y todas por el mismo motivo: errores administrativos. Y es que el Ministerio se saltó un trámite obligatorio, como es la petición del preceptivo dictamen al Consejo de Estado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aceptado, además, el recurso del Principado contra la resolución de 2015, que reabrió la pesquería en las mismas condiciones y sanciona a los pescadores asturianos por un presunto exceso de un reparto ahora declarado nulo. El Ministerio ha recurrido todas las sentencias ante el Tribunal Supremo, que no ha resuelto aún.

"Este nuevo varapalo jurídico evidencia el empecinamiento del Ministerio en un reparto carente de las mínimas garantías, llevado a cabo por una administración que demuestra una alarmante falta de rigor", aseveran los responsables de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. Dimas García, presidente de la Federación regional de Cofradías, por su parte, considera "muy frustrante" ver cómo se ganan "las batallas" en los tribunales pero no tener claro que se va "a ganar la guerra". "Esperamos que se acabe imponiendo la justicia", aseguró.

Según la Consejería, la "contumacia" del Ministerio se reiteró el pasado 30 de noviembre cuando publicó en el BOE una orden que establece el plan de gestión del caladero para el próximo año y que vuelve a perjudicar a la flota asturiana. El Principado había presentado alegaciones, que no fueron tenidas en cuenta. Y por ese motivo, el departamento que dirige María Jesús Álvarez ha solicitado el contenido de los informes del Instituto Español de Oceanografía y del Consejo de Estado para su análisis.

Entre las alegaciones del Principado están la inexistencia de informes técnicos que avalen la idoneidad del reparto, la falta de mecanismos de compensación a la flota por la escasez de determinadas especies o la carencia de criterios de reparto equitativos. "La utilización, por ejemplo, de las declaraciones de desembarque, un dato que solo conoce el Estado, en lugar de las notas de venta, que sí conocen las comunidades autónomas, deja a éstas y a las flotas en una situación de absoluta indefensión y transforma el reparto en un procedimiento totalmente opaco", asevera el Principado. A los responsables regionales les llama la atención , además, que el Ministerio decidiera publicar la orden de reparto de los cupos de caballa para el próximo año "a escasos días de las elecciones generales, cuando las anteriores se publicaron en julio (2013), marzo (2014) y febrero (2015) y existía el compromiso de revisar los resultados del plan de gestión transcurridos los dos primeros años".