El Hospital San Agustín, el centro especializado de referencia del área sanitaria de Avilés, se enfrenta a una situación insólita: todos los guardias que se encargan de la vigilancia de las instalaciones -una decena- se han quedado de baja laboral por enfermedad en las últimas horas y nadie parece estar en condiciones de atender de hoy en adelante el servicio. La "plaga" de bajas tiene una base médica documentada en los preceptivos partes facultativos, pero también una explicación en clave laboral: los guardias pertenecen a la plantilla de la empresa SEN (Seguridad Empresarial Navarra), que no paga a sus trabajadores desde hace meses (algunos empleados llevan 90 días sin cobrar), y los afectados por el conflicto expresan así su rechazo a trabajar en las actuales condiciones: sin salario, sin interlocución con la empresa (a punto de entrar en concurso de acreedores), sin una respuesta clara del Principado a sus demandas y sin un decidido respaldo sindical a sus reivindicaciones.
Además del Hospital San Agustín, la declaración de baja masiva de los trabajadores de SEN afectará probablemente a al menos dos centros de salud de la comarca y al dispensario de metadona de la calle Llano Ponte, desde donde los responsables del funcionamiento del servicio, según fuentes laborales de SEN, han dado a entender que la carencia de vigilancia es "un serio problema" por el perfil de los usuarios.
SEN ganó por concurso el contrato de vigilancia de los hospitales asturianos, varios centros de salud, museos y otros edificios públicos. Según sus trabajadores, "tanto afinaron con el precio a la baja que las cuentas ahora no salen y la empresa va camino de la quiebra".
Entre otras consecuencias del declive de SEN, los trabajadores no cobran y hace una semana se convocó una huelga que debería haber comenzado el próximo lunes. Pero el Principado convenció a los sindicatos de que desconvocasen el paro "por la proximidad del día de las elecciones", según explicaron los responsables sindicales en una asamblea celebrada anteayer en Oviedo. Por un voto de diferencia, la asamblea acordó aplazar las movilizaciones tal y como había pedido la Administración regional. Pero los vigilantes avilesinos, los más críticos, decidieron tirar por la calle de en medio y dejar de trabajar; eso sí, amparados por partes médicos que certifican que no están en las debidas condiciones psicológicas para hacer su trabajo.
