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Los policías acusados de torturar a un corverano dicen que sólo lo identificaron

Los abogados de la defensa piden la absolución de los cuatro agentes de Avilés, que afrontan penas que suman 22,5 años de prisión

Los cuatro agentes de la Policía Local de Avilés que están siendo investigados por presuntos delitos de detención ilegal, torturas, lesiones y amenazas niegan los hechos que les imputa la Fiscalía y se desvinculan de delito alguno. Así lo recogen los escritos de calificación de los hechos que han presentado sus abogados defensores, que piden la libre absolución de los policías. Sostienen que el día de los hechos (en mayo de 2014), los ahora investigados se limitaron a identificar al presunto autor de un delito, un corverano que supuestamente realizó preposiciones deshonestas al hijo de uno de los investigados. La Fiscalía, en cambio, defiende que realizaron una detención ilegal, que llegaron a retener al arrestado varios minutos y que lo llegaron a amenazar pistola en mano. Y solicita para los acusados, que están suspendidos de empleo y sueldo desde hace meses, penas que suman 22,5 años de cárcel.

El letrado avilesino José Ramón Nistal, que defiende a tres de los cuatro imputados, expone que sus representados se desplazaron a la parada de autobús de Llano Ponte tras recibir una alerta por un incidente y que el cuarto agente se quedó en el vehículo policial esperando. En ese lugar, una mujer (esposa a su vez de uno de los acusados), denunció que su hijo había sido víctima de un posible delito contra la libertad sexual e indicó incluso la identidad del presunto autor.

Los agentes localizaron al corverano C. M. S., que se encontraba en la parada de Llano Ponte y que rehusó mostrar su documento nacional de identidad a los agentes. Siempre, según la versión de los investigados, los policías comunicaron a C. M. S. que tenían que retenerle para su identificación y que tendría que acompañarles a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. La defensa sostiene que el detenido acompañó de forma voluntaria a los agentes hasta el vehículo policial e incide en que, en ningún momento, fue "engrilletado ni privado de su teléfono móvil, ni objeto de ninguna de las medidas que se toman contra los detenidos". El motivo, añaden los agentes: no se procedió a su detención, sino a su retención a efectos de identificación.

Los clientes de Nistal aseguran que tomaron el camino de Divina Pastora en el traslado de C. M. S. a Comisaría por motivos de "tráfico intenso". Al llegar a la altura del edificio de los servicios municipales de limpieza, el vehículo policial se detuvo para atender "una necesidad fisiológica" de uno de los policías. El agente que circulaba en moto, según el mismo relato, continuó ruta. En Divina Pastora es donde la Fiscalía dice que los agentes sacaron al corverano del vehículo policial, lo pusieron contra una pared y uno de los policías le sacó varias fotos de frente y de perfil con su teléfono móvil. La acusación pública asegura que incluso amenazaron de muerte al retenido y que todo esto duró unos diez minutos. La defensa subraya, en cambio, que "el tiempo de detención del vehículo policial fue de dos minutos", según consta en el informe de registros de GPS del vehículo. "Esto es diametralmente opuesto a los más de quince minutos de parada que manifiesta el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación", subraya Nistal. Durante esos dos minutos que el agente tardó en ir al servicio, según la misma versión, C. M. S. permaneció en el vehículo policial enviando mensajes con su teléfono móvil.

Los agentes también niegan las acusaciones que se les atribuyen ya en dependencias policiales. Así, insisten en que no cometieron ningún delito de detención ilegal, ni mucho menos las torturas, amenazas o lesiones de las que se les acusa. Sostienen que el relato de C. M. S. es "un mecanismo de defensa ante la denuncia por delito sexual de la que fue objeto". Esto, prosiguen, "tuvo amparo en las malas relaciones que había" entonces "entre la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local, debido a intervenciones anteriores en las que la Policía Local había formulado quejas contra la Nacional".

Los abogados José Ramón Nistal y Ángel Bernal solicitan la libre absolución de los cuatro agentes que están siendo investigados.

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