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Uno de cada cuatro contratados tiene algún tipo de discapacidad

Jesús Aidel Amado Hevia, en Las Meanas. RICARDO SOLÍS

Menéndez de la Iglesia cursó un ciclo de formación profesional en Administración hace un par de años, sus primeros estudios desde que acabó el instituto. "Hice las prácticas, pero no me salía nada. No tenía experiencia. Acudí al Centro de Empleo Europa y una orientadora laboral comenzó a hacerme un seguimiento. Seis meses después me dijeron que había una oferta de trabajo que se correspondía a mi perfil. Hice la entrevista y me contrataron", relata.

Esta avilesina está trabajando como personal administrativo para Aguas de Avilés desde el 21 de mayo del año pasado. Confía en tener la fortuna de que su contrato acabe siendo indefinido. "He tenido muchísima suerte. Tenía grandes dificultades de acceso al mercado laboral. La orientadora me ayudó muchísimo. He experimentado un gran crecimiento personal, no creía que con mi edad podría llegar a un trabajo en el que estar a gusto", explica Jessica Menéndez. Y lanza un mensaje a los jóvenes que se apuran a acceder al mercado laboral sin formación: "Que estudien, que se formen. Es tentador empezar a ganar dinero nada más salir del instituto (ella trabajó como camarera), pero por mi experiencia les recomiendo que se preparen".

Uno de cada cuatro contratados mediante cláusulas sociales tienen algún tipo de discapacidad. Las empresas adjudicatarias que cuenten con más de 50 trabajadores deben tener un 5% de personas con discapacidad en su plantilla y que este porcentaje sea igual o superior al 33% en el caso de la plantilla que ejecute el contrato.

Entre los contratados en el último año por esta cláusula se encuentra Jesús Aidel Amado Hevia, que desde el pasado 21 de febrero trabaja para la empresa que gestiona el servicio de bicicletas del Ayuntamiento. Su puesto, operario de taller en la categoría de conductor. Trabajó durante 31 años para una empresa del sector cárnico. Hace diez años sufrió un accidente "in itinere" (cuando se dirigía a su empleo) que le obligó a dejar su trabajo. "Iba en moto a mi empresa, sufrí un accidente y me corté el dedo pulgar de la mano izquierda. Pasé un año de baja, con intervenciones... En diciembre hizo diez años de aquello", explica.

Han sido varios los empleos a los que ha accedido Rosa María González Fernández de la mano del servicio de acompañamiento laboral. Esta operaria de limpieza de 53 años, que padece una minusvalía por dos hernias discales, reconoce estar contenta con su trabajo, no tanto con su sueldo. Cobra 600 euros al mes. "Tengo compañeras que ganan 800 euros y hacen el mismo trabajo que yo, a mí me pagan menos precisamente por la minusvalía. La única diferencia es el sueldo, no el trabajo que hacemos. Y eso indigna", explica esta mujer, separada y con un hijo y una nieta a su cargo.

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