Los grupos municipales analizarán durante las próximas semanas los más de 40.000 folios de los que consta el expediente del cambio de gestión del agua, en 2009, así como el desarrollo de las inversiones comprometidas y ejecutadas por la empresa Aguas de Avilés desde entonces. El Ayuntamiento acogió ayer la formación de la comisión especial, que estará presidida por la alcaldesa, Mariví Monteserín, lo que acarreó la crítica de Somos e IU, que consideran que debe ser un concejal de la oposición quien asuma ese puesto. Ambos partidos y Ciudadanos dudan del sentido de la comisión, ya que no se va a poder investigar lo sucedido después de la adjudicación y el "trasfondo político" de la privatización. Y más cuando el socio privado del Ayuntamiento, Aquagest, está bajo sospecha por prácticas supuestamente corruptas.

Monteserín, al respecto de la empresa, afirmó que quien tiene que dirimir si hay algún hecho delictivo es un juez y no el Ayuntamiento, que no tiene "ni capacidad ni medios". "Ya hay una jueza que se está empleando a fondo en investigar esas prácticas y nosotros lo que tenemos que hacer es lo que hicimos: facilitar toda la información. Los corruptos pagarán, porque aquí nadie queda impune, afortunadamente. El Estado de derecho funciona y el que la hace, la paga", dijo.

La Alcaldesa confía en que la comisión sirva para dar "claridad" sobre la decisión que adoptó en su momento la Corporación y que "a priori" le parece "beneficiosa para los avilesinos". "Esta comisión nos viene bien a los que no estábamos aquí en aquellos años", afirmó. Casi en los mismos términos se pronunció Carlos Rodríguez de la Torre, portavoz del PP, que confía en la "eficacia" de la comisión para analizar el expediente y comprobar si está todo correcto y también para saber si la empresa está cumpliendo el plan de inversiones en la mejora de la red de agua: "No podemos meternos en medio del trabajo de los jueces, igual que estos no se pueden meter en el de los políticos. Y que la decisión judicial, sea cuál sea, la ejecutemos".

Agustín Sánchez, de Ganemos, confía en que la comisión actúe con "la máxima buena fe e interés".