El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, avanzó ayer en la Junta General que el Gobierno recurrirá a un contrato de urgencia o de emergencia para intentar resolver el conflicto laboral que afecta a trece vigilantes del área sanitaria avilesina, si bien destacó que no suscribirá ningún documento hasta no disponer del informe técnico favorable de los servicios jurídicos del Principado.

Los trece vigilantes afectados suman 102 días sin cobrar, 22 jornadas de huelga y 20 de acampada en el Hospital San Agustín después de que la empresa concesionaria, Seguridad Empresarial Navarra (SEN), entrara en concurso de acreedores.

Ante esta situación, el Principado se vio obligado a sacar en diciembre varios contratos de emergencia, allí donde esta compañía estaba presentado sus servicios y, en el caso del servicio de vigilancia del San Agustín, sólo una empresa se presentó al concurso, pero rechazó a la semana seguir adelante con el servicio.

En su respuesta a una pregunta del diputado del PP Rafael Alonso en el pleno de la Junta General, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, advirtió de "la complejidad del asunto desde el punto de vista administrativo y legal". E incidió en que el Gobierno podría optar por una contratación ordinaria que supondría prolongar la situación durante meses o intentar llevarlo a cabo, como está haciendo, por la vía de urgencia, condicionada a disponer de todos los informes técnicos.

Los vigilantes del área sanitaria avilesina, en otro orden de cosas, cuentan con el apoyo de decenas de personas y colectivos en la comarca. Tanto es así que, a partir del lunes, no estarán solos en la acampada en el Hospital San Agustín. A ellos, se sumarán los delegados de personal y comités de empresa de las contratas del centro sanitario (limpieza, cocina, cafetería y ambulancias, previsiblemente). Con este gesto, además de respaldar a sus compañeros, estos empleados pretenden denunciar la actual forma de adjudicación de las contratas. "Solo se valora la oferta económica más baja creando estos conflictos y perjuicios de carácter social", manifiestan.