19 de febrero de 2016
19.02.2016
Lne.es » Avilés »
Un pleno de 2 minutos y 51 segundos

La oposición boicotea el Pleno para no votar facturas y "cometer posible prevaricación"

"Lo que hemos visto es un esperpento y teatro", asevera el socialista Huerga tras abandonar el resto de partidos la sesión

19.02.2016 | 05:05

Dos minutos y cincuenta y un segundos. Ésa es la duración de uno de los plenos más cortos de la historia del Ayuntamiento de Avilés por la decisión de la oposición de abandonar en bloque el salón para no tener que votar los reconocimientos extrajudiciales de crédito, facturas pendientes de pago por servicios ya prestados. Los concejales de PP, Somos, IU, Ciudadanos y Ganemos ya habían apuntado en plenos anteriores su rechazo a la "costumbre" del gobierno de "abusar" de ese mecanismo. Y, en el de diciembre, castigaron al PSOE con el bloqueo del pago de deudas por 200.000 euros. Ayer, la situación se tensó más aún después de que la interventora municipal advirtiera a los portavoces de los grupos, minutos antes del comienzo de la sesión, de que si el Consistorio seguía rechazando el abono de esas facturas, los concejales que votaran en contra "podrían incurrir en prevaricación administrativa y tendrían que asumir las consecuencias incluso con su propio patrimonio".

A la vista de este aviso, los ediles de la oposición, liderados por el PP, se levantaron de sus asientos cuando la alcaldesa, Mariví Monteserín, leyó el epígrafe del orden del día para votar los expedientes de los reconocimientos, ya que el gobierno se negó a retirarlos del orden de día, como así habían pedido. Salieron del salón y, un minuto después, la sesión se tuvo que suspender porque no había quórum. Según el reglamento orgánico, en todo momento tiene que haber, al menos, un tercio de los miembros de la Corporación: 9 concejales. El gobierno está formado por ocho, por lo que Monteserín dio por concluida la sesión, para sorpresa de alguno de los miembros de la oposición, que volvió haciendo piña poco después para continuar con el resto de debates. Ya no era posible. Mañana está convocado un nuevo Pleno ordinario. Encima de la mesa estarán de nuevo facturas por 384.096 euros.


"Lo que hemos visto es un esperpento. La oposición ha negado una posibilidad democrática, que es la celebración de un Pleno. Los ciudadanos eligen a los concejales para que tomen decisiones y no para que bloqueen las sesiones. Solo han hecho este teatro porque una funcionaria les dijo que su voto contrario les podría tocar el bolsillo", aseveró Luis Ramón Fernández Huerga, portavoz municipal del PSOE. Al edil le resultó "chocante" que el PP se una a partidos a los que los populares definen como "radicales o antisistema". "El PP se ha declarado en rebeldía de ser opción de gobierno en esta ciudad. La actitud de la oposición no está a la altura de la ciudad ni de la seriedad de la institución", añadió Huerga.

El portavoz negó que las facturas que se someten a votación sean ilegales, como asegura algún grupo de la oposición, y afirmó que los concejales tienen la opción de abstenerse y que sea el gobierno el que acarree con posibles consecuencias. "Otra cosa es obstruccionismo puro y duro. El Pleno no avala ilegalidades y todas las facturas tienen el visto bueno de intervención", dijo. Y puso como ejemplo el contrato de parques y jardines. "La adjudicación de ese servicio se hace en tiempo y forma pero la anterior empresa presenta un recurso, por lo que el Ayuntamiento no puede firmar el contrato con la nueva empresa hasta que no se resuelva. En ese tiempo el servicio se sigue prestando y hay que abonar esas facturas", sentenció.

La oposición, por su parte, dio una rueda de prensa conjunta para explicar su postura y criticar que la advertencia de la interventora no estuvo acompañada de un informe por escrito y que, en los expedientes, se incluyen "un montón" de facturas. "Aquí se usan los reconocimientos de manera abusiva. No quiero decir que no existan, pero en casos de urgencia", aseveró Carlos Rodríguez de la Torre, portavoz del PP, que aseguró que su partido tiene que analizar informes jurídicos para aclarar si la votación en contra de esos expedientes puede acarrear un delito. Yolanda Suárez, por parte de Somos, afirmó que el gobierno "debe hacer las cosas bien". "Nos exigen un voto afirmativo sobre un montón de facturas que no siempre están dentro del ordenamiento jurídico para así seguir con su gestión nefasta. Con los reconocimientos quieren convertir en legal algo que no lo es", sentenció.

Alejandro Cueli, portavoz de IU, afirmó que esta decisión de la oposición sirve para que el gobierno se dé cuenta de que necesita de otros. "Llevamos meses advirtiendo de que la práctica de los reconocimientos tenía que ceder. El gobierno tiene que hablar, dialogar y sumar", dijo. Juan Cuesta, de Ciudadanos, instó al PSOE a desglosar las facturas pendientes de pago para que se puedan votar por separado e, incluso, que vayan a Pleno como puntos en los que solo se da cuenta por ser resoluciones de alcaldía. "Los reconocimientos son una práctica perversa del gobierno para saltarse el control y fiscalización por el resto de grupos", afirmó. Agustín Sánchez, de Ganemos, afirmó que, ahora, el gobierno tiene 48 horas "para reflexionar". "Esto puede servir para un cambio de actitud y no presenten 500 facturas sin detallar", sentenció.

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