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La oposición fuerza a retrasar la votación de las facturas para analizarlas al detalle

El PSOE acusa al resto de la Corporación de querer hacer "negocio político a costa de terceros" y de perjudicar a trabajadores

21.02.2016 | 14:45
Por la izquierda, la secretaria, Pilar Pontón; la alcaldesa, Mariví Monteserín, y la interventora, Pilar González, deliberan en un receso del Pleno.

Nunca un reconocimiento extraordinario de créditos dio tanto que hablar en el Ayuntamiento de Avilés. Esta fórmula de pago de servicios ya prestados por empresas sin la contratación administrativa correspondiente ha venido siendo una práctica habitual, como en multitud de entidades locales, pero durante este mandato la oposición ha marcado su línea roja, al entender que se abusa de esta modalidad de pago, tal y como advirtió la Sindicatura de Cuentas. La mayoría de que gozan esos cinco partidos impidió que el gobierno aprobara en diciembre el pago de facturas valoradas en 384.000 euros, y ahora en febrero ha vuelto a fracasar en el intento. El bloqueo reiterado de la oposición obligó ayer a dejar sobre la mesa este asunto, y la Alcaldesa, Mariví Monteserín, convocó un nuevo Pleno extraordinario para el jueves, no sin antes advertir de que "es muy injusto seguir retrasando el pago a empresas, lo que repercute en sus trabajadores".

Los tirones de orejas se sucedieron por parte y parte. Y así, si Monteserín habló de falta de diligencia de los concejales de la oposición, que han tenido más de dos meses para analizar la mayor parte de las facturas y, sin embargo, se quejan de falta de tiempo, los portavoces reclamaron diálogo. "El gobierno en seis meses no ha tenido tiempo suficiente para ver que tiene ocho concejales de 25", espetó el portavoz de IU, Alejandro Cueli. Y añadió: "Si las empresas no cobran no es responsabilidad del que no gestiona, porque nosotros no estamos en el gobierno y no tenemos capacidad para gestionar y cómo se enfocan los contratos".

La concejala de Somos Yolanda Suárez subrayó la necesidad de buscar "seguridad jurídica para que no ocurran otras cosas". Y es que parte de la oposición amenaza con llevar a la Fiscalía algunas de las facturas pendientes al sospechar que han sido prorrogadas más allá de lo que la legalidad permite. Coincidió en esos argumentos el concejal del PP Alfonso Araujo: "Queremos que las cosas se hagan con seguridad jurídica y como marca la normativa, estamos aquí para defender los intereses generales de los avilesinos".

Por su parte, el portavoz de Ganemos, Agustín Sánchez, pidió "dejar muy claro que en ningún momento queremos que se deje de pagar a los trabajadores", y abogó por "soluciones sencillas basadas en el diálogo". "En nuestro ánimo está que la gente cobre", añadió el portavoz de Ciudadanos, Juan Cuesta.

La contrarréplica, con evidente enfado, vino del portavoz socialista, Luis Ramón Fernández Huerga. "Este es un hecho inaudito en la democracia de este pleno", comenzó. Y aclaró: "Los reconocimientos de crédito son una cuestión excepcional en cuanto al procedimiento, pero normal en la práctica y sucede en todos los ayuntamientos, gobierne a quien gobierne. Y lo único que pasa es que la oposición pida al gobierno que mejore su forma de actuar. Porque es cierto que debe ser así, y nos hemos comprometido a mejorarlo, pero lleva su tiempo". Sus palabras finales irritaron a la oposición. "Ustedes metieron la pata. Querían salir del pleno anterior, abstenerse y volver, hacer un teatrillo. Pero se encontraron con la sorpresa de que no había Pleno a donde volver, al no haber quórum, y quieren sacar la pata que metieron. Hay empresas que están esperando esos pagos. Los concejales no vienen aquí a cobrar dietas, sonreír y hacer un 'hipi hapa'. Venimos aquí a trabajar y a tomar decisiones". Ya después del Pleno añadió: "Hay grupos que hablaron de negociación. No estamos dispuestos de que, a costa de terceros, nadie quiera hacer negocio político, hay unos terceros que tienen derecho a cobrar y no lo pueden hacer por las meteduras de pata de los grupos de la oposición y su labor de obstruccionismo. No entraremos en cambalaches".

La propia interventora, Pilar González Bueres, fue invitada a dar su opinión en el Pleno sobre la seguridad jurídica del reconocimiento extraordinario de créditos y aseguró que el expediente estaba instruido correctamente. "Estamos reconociendo responsabilidad patrimonial. El planteamiento por el que nos regimos es correcto", apuntó.

Así las cosas, las relaciones entre oposición -ahora en bloque- y gobierno son más tensas que nunca. Los cinco partidos de la oposición cuentan ahora con varios días de plazo para aclarar definitivamente sus dudas sobre la legalidad de todas las facturas. La mayor parte de ellas están derivadas de prestaciones de servicios realizados entre el fin de un contrato y la firma del nuevo: servicio de comedores escolares, mantenimiento de las calefacciones de los colegios, actividades extraescolares, gastos de energía, telecomunicaciones, aulas populares y mantenimiento de zonas verdes. El resto se refieren a facturas que entraron en el Ayuntamiento después del 22 de diciembre, cuando se cierra el ejercicio. De la negociación de los presupuestos, aún pendiente, ya nadie se acuerda.

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