El paulatino deterioro de la red comarcal de transporte público, plasmado en la caída del número de viajeros que la utiliza, la carestía del billete, la reducción del número de servicios y la calidad de algunos de los que se prestan, ha animado al gobierno avilesino a sacar del cajón el plan local de movilidad urbana o, mejor dicho, a plantear la elaboración del mismo pues, en estos momentos, no es más que un título en una carpeta vacía. En plena crisis del transporte urbano por la decisión de la Compañía del Tranvía Eléctrico de Avilés (CTEA) de traspasar a Autos Villa una de sus dos concesiones comarcales por las pérdidas que le genera, el concejal de Servicios Urbanos, Luis Ramón Fernández Huerga, anuncia la intención de abrir el melón de la movilidad, que además del autobús implica hablar del uso del coche privado, el tren, la bicicleta y los espacios para los peatones. "No puede pasar de este mandato; es una necesidad acuciante de la ciudad", dice.
La voluntad del gobierno avilesino de iniciar el debate sobre el modelo de movilidad urbana se plasma en la asignación de 115.000 euros a una partida presupuestaria que debería servir para contratar un estudio técnico previo. Claro que la probabilidad de que no haya presupuesto deja en el aire la ejecución de esa partida, y al respecto Fernández Huerga no aclara cómo abordaría entonces el gobierno avilesino la cuestión. Lo que sí tiene claro el concejal es que "Avilés, como entidad urbana más importante de la comarca, tiene que liderar el proceso de diseño de la movilidad comarca, pero solos no podemos hacerlo". "Las implicaciones del asunto son muy complejas; el resto de municipios afectados debería implicarse y también el Consorcio de Transporte de Asturias", añade.
El edil asiste de momento como mero espectador al proceso de segregación del negocio de la CTEA, que quiere traspasar a otra empresa una de las dos concesiones que ahora explota, la que se concreta en las líneas 15 (Avilés-Trasona-Parque Astur) y 16 (Parque Astur-Candás). Y descarta que el Ayuntamiento vaya a aportar más dinero del que ya pone para financiar el transporte público (entre 350.000 y 400.000 euros al año para el llamado "billete único"). Además, avisa de que existen "líneas rojas", las que marca la prestación de los actuales servicios sin merma de frecuencias. O sea, el gobierno se conforma con el mantenimiento del actual diseño de líneas de la CTEA, pero sería intransigente con posibles recortes o merma de las mismas. Toda posible mejora debería pasar por la revisión conjunta del modelo en el ya comentado marco del desarrollo del plan local de movilidad.
En medios empresariales consultados por este diario le conceden el beneficio de la duda al gobierno de Avilés, pero no dejan de hacer ver que la cuestión de la movilidad lleva "demasiado retraso". Tanto que, según señalan expertos en el transporte, "las empresas se han visto obligadas, dada la creciente decadencia del servicio, a tomar el toro por los cuernos y ser ellas mismas las que tengan las iniciativas para racionalizar la red de transporte comarcal a la vista de que los años pasan y nadie interviene para frenar la sangría de pasajeros y la constante pérdida de calidad".
