El exalcalde de Corvera Luis Belarmino Moro, la exconcejala de Hacienda Ana Belén Toro (ambos de USPC), y el actual secretario municipal, Ramón Menéndez Chaves, están siendo investigados por el juzgado de lo contencioso-administrativo número dos de Oviedo como presuntos autores de un delito de prevaricación administrativa en la contratación de los servicios de asesoría jurídica para el Ayuntamiento a un despacho de abogados de la capital regional en abril de 2009. La Fiscalía entiende que el contrato firmado con este bufete escondía, en una cláusula, un añadido económico que superaba el precio de la concesión, que fue de 17.980 euros, 20 menos del límite fijado por ley para que este asunto hubiese sido contratado por un procedimiento abierto y público y no de manera directa por el regidor, cosa que finalmente sucedió.
El contrato concedido al bufete Queipo y Riego constaba de dos partes. Una estaba referida a las labores de asesoramiento jurídico y la otra, a la defensa legal en los posibles pleitos a los que se pudiera enfrentar el Ayuntamiento de Corvera. Esto se pagaría de acuerdo a la tarifa mínima marcada por el Colegio de Abogados de Oviedo. Esto implicaría que el despacho cobraría por dos fuentes que, unidas, excedían los límites legales de contratación directamente por el alcalde, esto es, sin ofertas.
De acuerdo al contrato, Queipo y Riego, del que es socio el exvicepresidente del partido ASIA Luis del Riego, redactó una querella relacionada con asuntos urbanísticos por orden del gobierno municipal en 2009 contra los constructores del centro comercial de Trasona (Manuel Álvarez "Lloriana", Pedro Piñera y Daniel Alonso) y contra los antiguos cargo políticos del Ayuntamiento, incluido el propio secretario municipal, Menéndez Chaves. Se da la circunstancia de que este está siendo investigado en el sumario sobre el contrato de los abogados que se querellaron contra él. La factura superó los 11.000 euros y finalmente fue archivada.
El PSOE relevó en el gobierno a USPC tras las elecciones de mayo de 2011. Pocos meses después, el nuevo equipo municipal presentó un recurso de lesividad contra Queipo y Riego al entender que la factura por la querella contra los constructores era muy elevada, excediendo además, las cláusulas del contrato firmado por Moro. Entonces, la jueza titular de lo contencioso-administrativo número 2 de Oviedo observó una posible irregularidad en la contratación del despacho, que remitió a la Fiscalía.
Tras una larga investigación, el Ministerio Público ha vistoindicios de delito en las acciones llevadas a cabo por Moro, Toro y Menéndez Chaves. Por esta razón, los tres investigados declararán ante la jueza ovetense a principios del mes de abril.
La "trama del agua"
Tanto Moro como Toro están siendo investigados también en el proceso abierto para desentrañar las relaciones comerciales abiertas entre la empresa Aquagest y el Ayuntamiento de Corvera, la llamada "trama del agua".
El caso estalló a finales del año 2012, cuando Hacienda reclamó a un pintor que residía en Qatar el pago de impuestos por haber realizado una serie de trabajos (no acreditados) para Miguel Ángel Villalba, exconcejal de ASIA en Avilés y promotor de Independientes de Asturias, el partido que lideraba Juan Morales. Los jueces también imputaron al exconcejal del PP Luis Solares, socio del gobierno de Moro.
