El abandono de la concesión del aparcamiento subterráneo de Las Meanas por parte de su exgestora sigue dando quebraderos de cabeza al Ayuntamiento. Según ha podido saber este periódico, el perito fiscal rebaja ahora las pretensiones municipales en el cobro de los daños y perjuicios a las empresas Ogensa y Sadisa por la rescisión unilateral del contrato y los cifra en 1,1 millones de euros, en vez de los 1,9 millones que fijaron los servicios municipales. Si el juez estima ahora esta nueva cuantificación, el gobierno local debería entregar a la empresa la diferencia (otros 800.000 euros), que se suman a los 4,1 millones de euros que ya le abonó en concepto de las obras pendientes de amortización, que hizo la sociedad.
La sociedad Aparcamiento Las Meanas S.L. renunció a la explotación del aparcamiento en 2013 al considerar que no era un buen negocio: desde que abrió en 2007 tuvo una baja ocupación y, por ende, malos resultados económicos. Entonces reclamó no solo la rescisión del contrato sino también el coste de la obra del estacionamiento, que cifró en 12 millones de euros, más los intereses legales y moratorios resultantes. El Ayuntamiento rechazó esa exigencia económica, valoró el coste de la obra en una cantidad menor y saldó el contrato con 4 millones de euros, un extremo que la sociedad pleiteó. Ese montante es el resultado de restar, de los 12 millones de euros, 2,8 millones de diferencia de obra, 2 millones que ya están amortizados, 1,6 millones de euros de gastos financieros, 103.000 euros de desperfectos, 118.000 euros de vicios ocultos y 1,9 millones de daños y perjuicios.
Antes de llegar a la rescisión del contrato, el Ayuntamiento incorporó algunas modificaciones en el contrato de explotación (subida de tarifas, exención del canon anual...) e, incluso, la empresa pública Ruasa -que es quien ahora gestiona el parking- compró plazas en el estacionamiento para destinarlas a depósito de la grúa municipal por 1,8 millones de euros. Pero, aun así, ya en mayo de 2010 las empresas presentaron ante el Ayuntamiento su renuncia formal a seguir gestionando el aparcamiento, una operación que culminó tres años después.
Pese a que el Ayuntamiento aceptó las exigencias de la gestora para intentar reflotar el aparcamiento, ésta lo culpó de las importantes pérdidas patrimoniales que tuvo debido, sobre todo, a la implantación de la zona azul -pese a que en su momento solicitaron que se pusiera en marcha porque así "se evitaba que el espacio público se utilizara por los particulares como estacionamiento por tiempo indefinido"-. La exgestora aseguró entonces que les restó un buen número de clientes. Cifraron en 70.000 los coches que dejaron de utilizar el aparcamiento desde la implantación de la ORA, en diciembre de 2009, hasta junio de 2010, por ejemplo.
