Avilés se ha tomado en serio la nueva normativa sobre consumo de alcohol entre menores, en vigor desde mayo de 2015 y que aporta como principal novedad la elevación de 16 a 18 años de la edad mínima para poder consumir bebidas alcohólicas. El equipo de gobierno local y la Policía son de la opinión de que la práctica de los "botellones" no es una problemática preocupante en la ciudad, pero aún así están por la labor de concienciar, prevenir y controlar el consumo de alcohol para evitar que en el futuro la cuestión se desmadre. Fruto de las actuaciones policiales, habitualmente discretas por la minoría de edad de los implicados, desde mayo a hoy fueron instruidas 18 denuncias relacionadas con el consumo de alcohol por parte de niños y adolescentes. Esta cifra, fruto de menos de diez meses de vigilancia, dobla el número de denuncias -nueve- que se habían interpuesto por el mismo motivo en los doce meses anteriores a la entrada en vigor de la ley regional de atención integral en materia de drogas y bebidas alcohólicas.
De las 18 denuncias cursadas en Avilés desde que está en vigor la ley que eleva la edad mínima para beber alcohol, nueve están relacionadas con el consumo alcohólico en la vía pública (el gobierno avilesino evita hablar de botellón, aunque admite que se trata de casos en los que los jóvenes estaban acompañados "por otros"), siete con consumos similares en establecimientos de hostelería y dos afectan a empresarios que supuestamente facilitaron bebidas alcohólicas a quienes legalmente no pueden beberlas. Las sanciones que contempla la ley están graduadas en tres niveles: hasta 600 euros (menores de 18 años pillados bebiendo o locales donde hay permisividad para acceder al alcohol), de 601 a 10.00 euros (venta o dispensación de alcohol a menores de 18 años o adultos que inducen a beber a los menores) y de 10.001 a 600.000 euros (venta o dispensación de bebidas alcohólicas a menores causándoles un daño grave e inmediato a la salud o la organización de pruebas de resistencia etílica).
En el caso de Avilés, según fuentes municipales, el protocolo de actuación cuando un menor de edad es sorprendido bebiendo alcohol calca exactamente lo dispuesto en la ley del Principado: independientemente del aviso a los servicios médicos si fuese necesario, y en función de las circunstancias, se traslada al menor a las dependencias policiales con las debidas medidas de protección dada su condición, se avisa a los padres o tutores para que se hagan cargo del mismo y, por último, se da cuenta a la Fiscalía de Menores, además de iniciar el oportuno expediente sancionador con la remisión del acta o denuncia pertinente al órgano correspondiente, que es la Administración del Principado. Las entidades locales también pueden imponer sanciones por infracciones calificadas como leves o graves previa delegación de la competencia por parte de dicha administración autonómica, pero en el caso de Avilés, a día de hoy, no se considera oportuno hacer uso de tal posibilidad.
El trabajo en esta materia de la Policía Local de Avilés consiste en hacer controles periódicos en las zonas donde se detecta la práctica del botellón, al igual que en las zonas de hostelería en las que se produce alguna denuncia o si se tiene información al respecto de incumplimientos.
