El juzgado de instrucción y primera instancia número seis de Avilés ha archivado la causa abierta contra el exalcalde de Corvera Luis Belarmino Moro, la exconcejala de Hacienda Ana Belén Toro y el secretario municipal, Ramón Menéndez Chaves, por un presunto delito de prevaricación administrativa en la contratación de servicios de asesoría jurídica para el Ayuntamiento a un despacho de abogados de Oviedo en abril de 2009. El juez encargado de la instrucción, José Antonio Moreno Gomis, ha resuelto que, en vista de las declaraciones prestadas y las pruebas documentales, "no se aprecia que concurran elementos configurantes de delito de prevaricación".
"En la opinión del juzgado no está acreditado que se cometa delito alguno, y en nuestra opinión no existe si quiera infracción administrativa", explicó ayer José Carlos Blanco, abogado de Moro y Toro. "Curiosamente, se lleva a la vía penal un contrato de asesoramiento que tiene un coste para las arcas públicas de 50.000 euros en tres años y a nadie parece importarle que el secretario municipal le cuesta a la Corporación unos 100.000 euros al año", aseveró el letrado, quien achaca este proceso "a un error de la jueza" del juzgado de lo contencioso-administrativo número dos de Oviedo, que fue quien lo puso en manos de la Fiscalía.
"No tenemos nada que decir, porque siempre mantuvimos que quien tenía que hablar era la justicia. El que sea inocente estará tranquilo, y el que sea culpable tendrá que acarrear con las consecuencias", aseveró el alcalde de Corvera, Iván Fernández. "Lo que nosotros reclamamos es un dinero, que supera los 60.000 euros, y que una sentencia firme confirma que tiene que ser devuelto a las arcas municipales", subrayó el regidor, en referencia a las minutas cobradas por el bufete Queipo y Riego. "Es una suma que pertenece a todos los corveranos y queremos invertirlo en causas sociales, no personales", agregó. El sobreseimiento provisional de la causa puede impugnarse mediante recurso de reforma y subsidiario de apelación en los próximos tres días.
El contrato concedido al bufete Queipo y Riego constaba de dos partes. Una estaba referida a las labores de asesoramiento jurídico y la otra, a la defensa legal en los posibles pleitos a los que se pudiera enfrentar el Ayuntamiento de Corvera. Esto se pagaría de acuerdo a la tarifa mínima marcada por el Colegio de Abogados de Oviedo, lo que implicaría que el despacho cobraría por dos fuentes que, unidas, excedían los límites legales de contratación directamente por el alcalde -18.000 euros- sin tener que sacar la contratación a concurso público. Esto motivó la imputación de Moro, Toro y Chaves.
